La semana se presenta repleta de protestas en las calles. La crisis trajo los recortes. Y estos causaron irremediablemente el malestar en buena parte de los ciudadanos. Del enfado a la protesta, apenas hay un paso. Y si a esto le sumamos algunos casos de corrupción... El cultivo perfecto para la protesta pública.
Delegación de Gobierno tiene previsto -porque así se lo han comunicado- casi 60 actos reivindicativos en la vía pública. Se trata de 19 manifestaciones y otras 39 concentraciones a lo largo de la próxima semana, de lunes a domingo. Estos datos son hasta el pasado viernes. No se descarta, por tanto, que la cifra aumente a lo largo de las próximas horas.
La mayoría de las protestas se resumen en el descontento por los ajustes del Consell, especialmente en dos de las áreas más sensibles: Educación y Sanidad. También constan contra el Ayuntamiento de Valencia. Algunas se repiten durante varios días de la semana. Otras, en cambio, se encuentran relacionadas en demandas a determinadas empresas. En estos casos, el motivo reside en el ámbito laboral. Hoy arranca la actividad con una manifestación por la Reforma Laboral.
La delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, ha citado mañana a los representantes de los partidos políticos para insistir en la necesidad de ser responsables y no fomentar ni participar en convocatorias ilegales.
El pasado jueves y viernes se registraron los incidentes más graves. El epicentro de la reivindicación nació frente al instituto Lluís Vives de Valencia en una protesta espontánea sin comunicación previa a las autoridades. Finalmente, el encuentro se saldó con seis detenidos y nueve heridos entre los que figuran participantes en las protestas,' pero también agentes de la Policía Nacional.
La tensión se mantuvo en este punto el viernes, aunque las protestas se dispersaron en varios lugares a lo largo de la jornada. Primero en el instituto Lluís Vives, más tarde en la comisaría de Zapadores y, por último, en la Ciudad de la Justicia de Valencia donde se ofreció apoyo a los arrestados el jueves. Ocho de los diez detenidos habían pasado a disposición judicial. Todos ellos quedaron en libertad acusados de desórdenes públicos y lesiones, fundamentalmente.
Jueces para la Democracia -colectivo de sensibilidad progresista- comentó ayer los incidentes de los últimos días. En un comunicado consideró que existen «dudas» sobre la «oportunidad y legalidad» en la actuación policial en Valencia, por lo que deben ser aclaradas.
«Cargas policiales»
Esta entidad habló de «cargas policiales» contra jóvenes estudiantes de secundaria. Jueces para la Democracia sostiene que en un Estado de Derecho «las instituciones detentan el monopolio de la fuerza legítima», aunque «debe utilizarse de manera proporcionada y en la forma prevista expresamente por la ley». Y esto todavía con más celo cuando hay menores de edad. La asociación entiende que la actuación «ha podido ser desproporcionada e indiscriminada».
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, expresó su solidaridad con los jóvenes: «Mala democracia tenemos si se le da esa respuesta a la gente que pide una solución para el futuro de sus hijos».
