No fue una sorpresa, pero sí un alivio. La reforma financiera, la primera de las grandes transformaciones que emprende el Gabinete popular, fue convalidada en el pleno del Congreso con muy amplio consenso. El texto obtuvo 303 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, estas últimas, la de un diputado socialista y los cinco representantes del PNV. Se pronunciaron a favor los diputados del PP y los del PSOE, mientras emitieron votos en contra los representantes de IU-ICV-CHA, UPyD, Amaiur, ERC, BNG, Geroa Bai y Compromís.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, celebró «la amplitud de este apoyo» por considerar que, en el actual entorno político, «proporciona una señal positiva a los mercados». El responsable de la tutela del sector elevó a 52.000 millones de euros el importe de los saneamientos necesarios, una cifra que eleva en 2.000 millones la estimación inicial realizada por su departamento tras contrastar los datos con el Banco de España.
En su defensa del texto, que no recibirá enmiendas puesto que no se tramitará como proyecto de ley, el responsable económico insistió en que el saneamiento financiero tendrá efectos beneficiosos para toda la sociedad, porque numerosas viviendas saldrán al mercado a precios más baratos, los bancos podrán financiarse a menor coste, y el crédito fluirá de nuevo hacia empresas y familias.
Las fuerzas políticas de oposición, incluso las que refrendaron la iniciativa, no ocultaron su escepticismo. Portavoces de varios grupos advirtieron al Gobierno del riesgo de que las concentraciones bancarias que se postulan para dar solución a los problemas pueden generar un sistema de oligopolio en el que las grandes entidades alcancen acuerdos perjudiciales para la competencia. Una crítica en la que abundó el diputado de IU Alberto Garzón, quien tras anunciar su rechazo a la reforma, denunció que supondrá «dar la puntilla a las cajas en beneficio de los bancos».
Los grupos nacionalistas CiU y PNV habían advertido al Gobierno que el real decreto podía invadir competencias autonómicas exclusivas en su regulación de las fundaciones de cajas de ahorros. De Guindos se comprometió a corregir el texto e incluir la mención a que la supervisión y control sean ejercidos por el Estado «sin perjuicio de las competencias que los Estatutos de Autonomía atribuyen a las comunidades autónomas».
