Uno de los documentos que constan en el auto de la magistrada titular del juzgado Número 3 de Orihuela es la petición de la procuradora de Aurelio Murcia, que fue el demandante, de que cambie la posición procesal del Ayuntamiento de Bigastro. Sostienen los letrados del ahora teniente de alcalde que, a la vista del informe municipal que cifra en 177.727 euros el dinero de los pagarés, el Consistorio puede personarse como perjudicado «por el perjuicio económico ocasionado a la tesorería municipal por la emisión de los éstos» y que pueda ejercer la acusación particular en la causa abierta contra el exalcalde.







