Los sindicatos representados en la mesa general de la función pública convocaron ayer cuatro manifestaciones en la Comunitat con un objetivo común: señalar aquellos proyectos que a su juicio han provocado el déficit actual de la Generalitat. Además, durante las convocatorias se reclamó una vez más la retirada del decreto de medidas urgentes y se exigió al Consell una negociación previa a cualquier actuación que se quiera adoptar. Todo ello con el añadido de la reforma laboral, que fue muy criticada por los asistentes. También se recordó que la próxima convocatoria multitudinaria en las tres capitales de provincia será el día 25.
Las protestas se desarrollaron por la mañana. En Valencia consistió en recorrer la distancia que separa la Ciudad de las Artes y el puerto, escenario donde se disputa el GP de Europa de Fórmula 1. En Alicante, los funcionarios se desplazaron hasta las inmediaciones de la Ciudad de la Luz, mientras que en Benidorm el itinerario llegaba hasta el parque temático Terra Mítica. Respecto a Castellón, la protesta se convocó en el aeropuerto, ya inaugurado pero todavía sin uso.
Según fuentes sindicales, más de 20.000 personas participaron en las diferentes marchas, siendo la más multitudinaria la de Valencia, que concentró a 11.000. Las pancartas atacaban a todos los frentes. Habían frases ingeniosas -«las buenas carreras se hacen en las aulas»- y otras más cortas aunque impactantes -«yo trabajo, ellos malgastan»-.
«Con la manifestación lo que pretendemos es denunciar el despilfarro que han causado todas estas edificaciones fatuas, provocando una deuda que ahora estamos pagando los trabajadores públicos», denunció Javier Aznar, secretario autonómico de Acción Sindical de la Federación de Sindicatos de Enseñanza y Sanidad (Fses).
Vicent Mauri, portavoz de Intersindical Valenciana, señaló que son proyectos «que no han generado empleo ni riqueza» y destacó que a la convocatoria no sólo acudieron funcionarios, pues «hay ciudadanos que quieren expresar su malestar con una política que quiere cargarse el sector público». En este sentido, Paula Breñas, presidenta provincia del Csi.f, insistió en que se trata «de una lucha en defensa de la ciudadanía y sus servicios».
Juan Cruz, coordinador del Área Pública de CC.OO., recordó la disposición de los sindicatos a negociar, aunque con condiciones. «Nos ofrecemos a poner nuestro grano de arena para mejorar las finanzas, pero no de forma impuesta y con medidas que deterioren el sector público», dijo. Además no descartó que en conjunción con la reforma laboral el rechazo al decreto genere el caldo de cultivo necesario para participar en una huelga general.
«Nuestro déficit no se debe a que tenemos la mejor sanidad o la mejor educación del mundo, sino a 16 años de despilfarros, juergas y saraos que han enterrado el dinero en proyectos no productivos», sentenció Luis Lozano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV.
