De forma directa y taxativa lo dijo ayer el concejal de Infraestructuras, Pablo Vidal: el gobierno local ha tomado la determinación de intervenir el servicio de recogida de basura y limpieza viaria «con el debido respaldo de los trabajadores». La decisión se comunicó ayer a media mañana al comité de empresa, y fue Vidal quien anunció que el Consistorio se hará cargo de los salarios desde el momento de la intervención. Explicó también que los trababajadores de la UTE han trasladado su respaldo a la decisión del gobierno local, sobre todo porque les garantiza la estabilidad laboral y salarial. Además, la compañera de Vidal y edil de Contratación, también reveló que ayer mismo, por la mañana, los directivos de la UTE prohibieron el acceso a las oficinas incluso a los funcionarios municipales que fueron a revisar nóminas.
El representante liberal ha tomado la decisión porque ya estaba en peligro la salud pública de los ciudadanos, según él mismo matizó. Y sentenció que la situación en las calles del municipio, tanto en la ciudad como en algunas pedanías y la costa es «intolerable».
Justificó el responsable de Infraestructuras la drástica decisión en que tras cinco días de huelga brutal, y agravada en las últimas horas por el cierre del vertedero que recibe los residuos del municipio, pero ya con toneladas de basura en las calles, el Ayuntamiento tenía que «reaccionar». Sostuvo incluso haber hecho «lo que ha podido», pagando el canon mensual, se ha ofrecido de nuevo a abonar salarios, y todo con resultado infructuoso.
Relacionó el edil centrista que tras varios días de inacabables negociaciones en las que, entre otras propuestas, ofrecieron el miércoles a la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja hasta 450.000 euros para abonar los salarios de los trabajadores y que la empresa pagara a algunos de sus proveedores, con el objetivo de alcanzar de nuevo la normalidad en el servicio. Explicó que los representantes de la adjudicataria pidieron un receso para valorar dicha oferta, cuyo rechazo fue comunicado por la tarde, insistiendo en la vía de la resolución del contrato de mutuo acuerdo tras el pago de los 16,7 millones de euros que reclamaban al Consistorio oriolano. En todo momento, dijo Vidal, el gobierno local rechazó esta última posibilidad por considerar que los números presentados son «abusivos y carentes de justificación», denunció Vidal.
También acusó el representante liberal a los negociadores de Liasur, Gobancast y Sufi de mantener «la postura de mezclar unas cosas con otras para presionar al Ayuntamiento». Incluso desveló Vidal que la mercantil «es plenamente solvente y tiene activos en sus cuentas para hacer frente a estos salarios», manifestó.
Además recordó el interés de Sufi, filial del Grupo Valoriza, de abandonar la UTE por considerar «inviable» su continuidad, los socios insistieron en presionar al Consistorio dando un paso más con el cierre del vertedero de Ángel Fenoll en Abanilla.
«Necesaria e imprescindible»
En todo momento defendió el edil de Infraestructuras que la intervención del servicio de basura es «necesaria e imprescindible», si bien indicó que se han respetado todos los plazos para evitar incurrir en ningún tipo de irregularidad que pudiera afectar al Consistorio.
Tanto Vidal como su compañera y concejal de Contratación, Asunción Mayoral, mantuvieron una reunión con el resto de miembros del equipo de gobierno para explicar todos los extremos de la decisión, y está previsto que esta misma mañana tenga lugar una junta de portavoces, que ayer fue convocada por el regidor oriolano, el ecologista Monserrate Guillén. En opinión de los negociadores los trabajos de limpieza no podrían empezar hasta esta misma mañana, dado su interés por velar por la seguridad jurídica de todas las partes implicadas, y para dar tiempo, sobre todo, a la UTE a que tuviera al menos unas horas para presentar sus alegaciones.
Relaciones con la UTE
La titular de Contratación, Asunción Mayoral dejó muy claro desde el inicio de su discurso que «la intervención del servicio, necesariamente implica la resolución del contrato». Aclaró además que el gobierno local dispone de informes médicos, veterinarios y hasta de la Policía Local que «justifican» la necesidad de actuar y la intervención temporal, que se suma al expediente de resolución contractual ya iniciado. Confió en que antes de pasar los tres meses «tendremos una decisión sobre la resolución del contrato». Aventuró además que las empresas y el Consistorio acabarán en los tribunales por falta de acuerdo sobre las cantidades a pagar.
