La primera sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento de Bigastro por impago de facturas no ha tardado en llegar a las dependencias municipales.
La alcaldesa popular Charo Bañuls tiene encima de la mesa un requerimiento judicial de casi 400.000 euros, con una demanda en firme que ha de ser ejecutada a favor de la empresa constructora Pavasal por trabajos no cobrados.
Ayer la primer edil compareció para dar a conocer la sentencia que ha dictado una magistrada del juzgado Contencioso de Elche, que obliga al Consistorio a satisfacer la deuda que la empresa reclama desde el 2008 por haber realizado trabajos de obras de pluviales, canalización de telecomunicaciones, redes de alcantarillado y asfaltado en diversas zonas del municipio, y que demandó a la administración bigastrense tras no ver un euro.
Bañuls, seria y contundente, develó que incluso la juez fija la compensación económica por encima de los 284.000 euros, que es la deuda que figura en la contabilidad municipal, y apuntó que la cifra «será mayor», porque refleja que además hay que hacer frente a los intereses de demora y las costas judiciales, que estimó en una cifra de otros ochenta mil euros.
La primer edil dijo que el equipo de gobierno desconocía esta demanda, que el juzgado remitió el pasado martes para su ejecución, tras considerarla firme e inapelable y tildó de «irresponsable» al exalcalde Raúl Valerio Medina, por no comunicar en el traspaso de poderes este hecho.
La crítica contra el socialista no quedó en esa omisión del caso judicial ya que reiteró esa irresponsabilidad «porque el Ayuntamiento se allanó a la demanda en vez de litigar contra la empresa», lo que resaltó con vehemencia. El término significa que el demandado se conforma con la pretensión de la otra parte, tras reconocer la deuda y así lo hace constar la juez.
También se extrañó de que el Consistorio aceptase la diferencia de esos casi cien mil euros de más y se preguntó si es que nadie se percató de que la sentencia, que se falló hace un año y ahora hay que llevar a cabo doce meses después, era superior a la cuantía que reclamó Pavasal «pues las facturas en libros son menos de lo que estipula la juez», así que pedirá explicaciones al juzgado, mientras hace encaje de bolillos para consignar esta cifra en el presupuesto.
La alcaldesa tildó de «mala fe política para reventar al que entre» otro caso, «que hizo dos semanas antes de irse». Explicó que su predecesor reconoció deudas por ese método a La Generala por la urbanización del D-6, «que pide más de dos millones y con otra sentencia de doscientos mil euros por ejecutar, pese a que la obra está sin acabar y nadie le ha instado a hacerlo antes de reclamar deudas en los tribunales», finalizó.
