El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, tuvo que oirse ayer en primera persona una censura pública que en pocas ocasiones habrá escuchado de un juez. En el transcurso de la vista por la demanda del exministro Antoni Asunción contra el líder de los socialistas valencianos por difamación y vulneración del derecho al honor, el juez dejó entrever con varios comentarios su consideración de que «la desunión de un partido político dice muy poco de éste». No sólo eso, el encargado de impartir justicia también aprovechó para cuestionar la judicialización de la política, al mostrar cierta decepción porque los partidos políticos diriman sus diferencias en los tribunales de justicia.
Alarte compareció durante toda la mañana de ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia en relación con la demanda que le puso el exministro de Interior, después de que el líder socialista vinculara al PP su candidatura en el último proceso de primarias para elegir candidato socialista a la presidencia de la Generalitat. El secretario general del PSPV sostuvo entonces, incluso en el transcurso de un comité nacional celebrado en Blanquerías, que Asunción le había recomendado que se pusiera en contacto con Rafael Blasco para «tender puentes» con los populares. Esa reflexión, después de que algunos medios publicaran una denuncia desde Blanquerías de que Asunción tendría una oferta del PP para ser nombrado conseller tras los comicios -un hecho que obviamente nunca se produjo-, provocó la iniciativa del exministro que ayer mismo quedó vista para sentencia.
En el transcurso de la vista, el juez intervino para solicitar aclaraciones al acusado y a los testigos -entre ellos, los dirigentes socialistas Victor Sahuquillo y Toni Gaspar, y los exdirigentes Francesc Baixauli y Fernanda Escribano- respecto a si el motivo de la demanda era una pelea entre compañeros de partido y si efectivamente existía una vulneración del derecho al honor. Alarte, ante el juez, insistió en que él no sólo no vinculó a Asunción con un hipotético acuerdo con el PP para formar parte del Consell, sino que su alusión al comentario que le habría realizado el exministro sobre Rafael Blasco fue a raiz de las intervenciones de Baixauli y Escribano en el transcurso del comité nacional, en el que ambos censuraron a la dirección que no desmintiera la información relativa al futuro político de Asunción y su eventual acuerdo con el PP.
Tras su intervención, el juez resumió diciendo que entonces, según lo que había declarado, sólo hubo discrepancias de estrategias -entre él y Asunción- respecto a la forma de actuar con otro partido (el PP), y que no dijo nada a la prensa sobre Asunción. «Eso es», indicó el acusado.
La fiscalía, por su parte, solicitó el archivo de la demanda de Asunción -el exministro solicita una multa de 6.000 euros-.
