La Seguridad Social le ha echado el ojo al Consistorio bigastrense a cuenta de la empresa municipal Bigastel, que se encarga de dar servicio de telefonía en la localidad.
Según desvela la alcaldesa, la popular Charo Bañuls, el organismo recaudador les ha remitido una notificación en la que les reclama el abono de 36.000 euros por el impago de los seguros de los trabajadores de la compañía, en concreto de las retenciones de los dos empleados con los que contó Bigastel, que ahora solo cuenta con uno en la plantilla.
La primer edil explica que desde la administración que ahora dirige en ningún momento se han satisfecho las cantidades de las retenciones en concepto de seguridad social, una circunstancia que ahora reclama el organismo estatal, que ha decretado un embargo de las cuentas de la empresa de telecomunicaciones para saldar la deuda que arrastra desde hace seis años el Consistorio.
Bañuls recuerda que ésta es una de las empresas de las que no consta ningún tipo de contabilidad en los servicios administrativos del Ayuntamiento, al igual que ocurre con Biactmu y que presta servicios de internet, telecomunicaciones y tecnología tanto para particulares como a empresas del término y que fue creada por el exalcalde, José Joaquín Moya, en su última legislatura al frente del Consistorio.
La otra es Biactmu, que se dedicó, entre otras cuestiones, a gestionar patrimonio municipal, sobre todo los dos aparcamientos públicos que promovió el Ayuntamiento, el de La Paz y el que se ubica en los bajos del Auditorio Francisco Grau.
La alcaldesa explica que en ningún momento «se planteó por parte de los anteriores equipos de gobierno un plan de pagos con la Seguridad Social para saldar la deuda y ahora viene la orden de embargo para satisfacerla». Asimismo recuerda que la auditoría que encargó el equipo de gobierno detectó anomalías en su funcionamiento, como la no liquidación trimestral del IVA o las retenciones del IRPF.
Datos para la Sindicatura
Bañuls además avanza que la secretaria municipal ultima el informe que remitirá a la Sindicatura de Cuentas sobre la inexistencia de contabilidad reglada en ambas mercantiles para que el organismo autonómico que fiscaliza a las administraciones locales «tome las medidas pertinentes», ante unos hechos que califica de graves. Esos datos, destaca la regidora, se adjuntarán a la liquidación de la Cuenta General del año 2010, que enviará este mes a la Sindicatura.
