Carlos Fabra pudo utilizar los más de 30 préstamos hipotecarios que tenía para blanquear dinero. Así figura en el escrito de conclusiones provisionales la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE), organismo que se persona como acusación popular en el conocido como 'caso Fabra'.
Así pues, la UCE sostiene que el expresidente de la Diputación pudo realizar con dinero en metálico el pago de vencimientos en diversas entidades bancarias «sin llamar tanto la atención». Un delito por el que, sin embargo, no está imputado el dirigente del PP de Castellón, que sí será juzgado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.
Al parecer, y según ha trascendido, Carlos Fabra solicitó una hipoteca de 691.000 euros en Bancaja en 2002, y una ampliación de 100.000 euros en 2009 que finalizaría al año 2045, es decir, cuando este cuente con 98 años. El objetivo: adquirir una vivienda en una exclusiva zona de Madrid.
«Es indignante que esto pasara, cuando muchos autónomos tienen que cerrar su negocio por la falta de crédito porque los bancos y las cajas les niegan retiradamente el dinero que necesitan para sobrevivir», recriminó ayer al respecto la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, quien acusó al ex presidente de la Diputación de utilizar Bancaja para favorecer «sus intereses oscuros» y exigió que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades. «Los culpables no pueden quedar impunes», manifestó.
Y es que, según Albiol, «las cajas nacieron en teoría para proteger al pequeño ahorrador e inversor, particulares y empresas pequeñas, pero bajo el control del PP parece que el dinero se destinó a ayudar a un político acusado de corrupción a llevar adelante sus delitos».
