Para Julio Guiral, presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, hay un antes y un después de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, que, gracias a los recursos interpuestos por la Asociación que preside, anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 del Gobierno de Aragón por no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por interinos. El Gobierno de Aragón ha declarado que en virtud de esta resolución publicará una nueva Oferta de Empleo Público este año. Según datos de la Dirección General de la Función Pública aragonesa, su Administración General está formada por 8.500 trabajadores públicos, de los que 2.174 son interinos y 1.223 están en comisión de servicios.
«Esta sentencia fija los criterios para corregir la vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública previsto en el artículo 23.3 de la Constitución», explica Julio Guiral, quien reivindica disponer de más y también mejor información sobre los puestos que se ofertan, denunciando que «la opacidad actual no permite conocer siquiera el número real de efectivos» que se necesitan.
También el catedrático de Derecho Administrativo Miguel Ángel Sánchez Morón califica de «hito jurídico» esta sentencia, que acaba con una de las excusas más veces esgrimida, la «económica», ya que esta resolución habla «de sustituir interinos por personal fijo, sin aumento del gasto público». Por si fuera poco, Sánchez Morón señala que este importante precedente podría provocar nuevos procesos y cambiar el panorama actual: «Se trata de una doctrina clara y firme, que debería ser tenida en cuenta por las demás Administraciones y que, si hay más recursos en supuestos similares, sin ninguna duda se reiterará en posteriores sentencias».
