Camps el día que entró al TSJ para escuchar el veredicto. / Jesús Signes
La causa de los trajes del caso Gürtel está más cerca que nunca de pasar a ser historia. La Fiscalía Anticorrupción, que ha ejercido la acusación en este proceso, anunció formalmente ayer que renuncia a presentar recurso contra la sentencia del TSJ valenciano que absuelve a Francisco Camps y Ricardo Costa del delito de cohecho impropio por el que han sido juzgados durante seis semanas y media y después de un proceso que se ha prolongado durante tres años.
La decisión del ministerio público, fundamentada en que no existe base jurídica suficiente como para presentar un recurso, acerca el final definitivo del procedimiento. La única posibilidad de mantener vivo el caso, que investigaba el supuesto regalo de prendas de vestir a los dos dirigentes populares por parte de los cabecillas de la trama Gürtel, pasa por el recurso anunciado por los socialistas valencianos contra la decisión del alto tribunal valenciano, y sobre el que los propios socialistas admiten dudas respecto a la posibilidad de que sea admitido a trámite.
En la decisión de la Fiscalía ha pesado la consideración de la ley del Jurado -la que correspondía al delito de cohecho impropio investigado- es «muy restrictiva» a la hora de establecer requisitos para un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Como era previsible, la decisión del ministerio público desató ayer el entusiasmo en el entorno del expresidente de la Generalitat y el exnúmero dos de los populares valencianos. El líder de los PPCV, Alberto Fabra -después de la comentada brevedad del comunicado emitido el día que se conoció el veredicto del jurado que exculpaba a Camps y Costa-, aseguró ayer alegrarse «muchísimo» de la decisión del ministerio público. Y su vicepresidente, José Ciscar, se mostró convencido de que la decisión de la fiscalía estará «amparada en derecho», motivo por el que mostró su «satisfacción».
Por contra, los grupos de la oposición calificaron de «escándalo» la decisión del Ministerio Público. El PSPV, a través de su vicepresidente en Les Corts Ángel Luna, reiteró la intención de presentar el próximo lunes recurso contra la sentencia de absolución. Y aprovechó para censurar lo que entendió como «falta de independencia de la Fiscalía» al optar por no recurrir. Y Mónica Oltra, de Compromís, llegó a proclamar sin el menos empacho que la fiscalía no recurre «por órdenes expresas» del Gobierno.
Las críticas de los grupos de la oposición llegaron junto a las de quienes han venido sosteniendo sin sonrojarse que el ministerio público había actuado de forma imparcial mientras había mantenido la acusación contra Camps -incluso cuando en el verano de 2009 la entonces vicepresidenta del Gobierno Teresa Fernández de la Vega anunció desde Costa Rica el primer recurso de la fiscalía contra la decisión del alto tribunal valenciano de archivar la investigación de José Flors-. Y que ayer, como la decisión adoptada por el Ministerio Público fue contraria a prolongar este procedimiento, optaron por cambiar de criterio y convirtieron de forma automática a la Fiscalía en algo así como una prolongación de la mano del PP. La reciente designación del nuevo Fiscal General del Estado, por parte del Ejecutivo popular, se convirtió para estos medios en la justificación necesaria para atribuir, ahora sí y antes no, a este órgano una clara intencionalidad política en sus decisiones.
La decisión de Anticorrupción tampoco asume, como el sentido común hacía previsible, que la existencia de faltas de ortografía en la redacción del veredicto emitido por los nueve miembros del jurado popular pudiera considerarse un argumento jurídico como para formalizar un recurso.
Sin el acompañamiento de Anticorrupción, la evolución de este procedimiento judicial se decidirá en el Supremo, pero es posible que casi más en el registro de entrada que en alguna de sus salas. La acusación popular ejercida por el PSPV necesita que el Tribunal asuma la 'doctrina Atutxa', que toma su nombre de la investigación abierta al que fuera presidente del Parlamento vasco, y que permite a una acusación popular impulsar un procedimiento sin que lo haga al mismo tiempo la fiscalía. La aplicación de esta doctrina requiere, no obstante, que se trate de un delito en el que no exista un concreto perjudicado. En contra de las opciones del PSPV de sacar adelante su recurso figura la 'doctrina Botín, que es la que señala que en el procedimiento abreviado no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acción popular. En teoría, una y otra doctrina hacen referencia únicamente a la apertura de juicio oral, aunque las fuentes socialistas consultadas por este diario consideran que también resulta válida para la interposición de recursos de apelación como éste.
Con todo, el peor síntoma para los socialistas puede ser la decisión de la fiscalía de no presentar recurso. Si el Supremo inadmite o termina rechazando el del PSPV, el batacazo político sería de dimensiones considerables.
