La supresión de tres agentes de Policía Local, de los 40 que integran la plantilla, y otros cuatro trabajadores del Consistorio de Mutxamel continúa sin contar con la aceptación sindical. Consideran que se trata de una merma en los servicios públicos que afectará al ciudadano.
Por ello, la Federación de Servicios Públicos de UGT (Unión General de Trabajadores) en Alicante denunció «la precarización de servicios en Mutxamel, ya que se está prescindiendo de trabajadores en áreas como Policía, se ha suprimido una plaza de inspector y agentes del mismo cuerpo, lo que supone claramente un menoscabo de la seguridad en unos tiempos en los que debido a la crisis el problema de la seguridad se ha agudizado».
«Los ciudadanos no lo van a entender, además se menoscaban los servicios administrativos, los conserjes, técnicos de bibliotecas o educadores de calle con despidos o amortizaciones», añaden.
El alcalde de la localidad, Sebastián Cañadas, asegura que no se producirá una merma en el servicio policial y que la decisión «no es fácil de tomar», pero el déficit ahoga al Consistorio. «Se trata de una reorganización de la Policía Local. Los agentes interinos cubrían bajas que se están reincorporando». El primer edil anunció además una reincorporación de un trabajador de baja durante alrededor de cinco años.
Así, Cañadas insistió en que tampoco se eliminará la Patrulla de Urbanizaciones, aunque desde residenciales como Río Park sí han denunciado que este servicio ha disminuido su actividad en la zona. Y es que este colectivo afirma que diversos propietarios no cumplen con la ordenanza de limpieza, por lo que la vegetación y escombros se acumulan en algunas aceras.
Este servicio se retomó a finales de verano, tras varios años sin poder realizarse. El agente que desempeñaba esta labor se ha marchado en comisión de servicio, aunque Cañadas confirma que «otra persona realizará este trabajo».
Al PSOE no le salen las cuentas, ya que existen horarios nocturnos «que no sabremos si se podrán realizar», apunta portavoz, Antonio García, quien no obstante cree que es pronto para valorar si el servicio se resentirá. Lo que sí manifestó es «la falta de negociación a la hora de decidir los despidos», una crítica que coincide con el resto de grupos.
UGT lamentó «esta política de detrimento de los servicios públicos», ya que repercutirá directamente «sobre los ciudadanos» y recordó que esta manera de actuar «cuenta con el rechazo en bloque de toda la oposición, así como de los sindicatos representantes de los trabajadores con los que no se ha establecido negociación alguna tal como marcan las leyes laborales y se hacía hasta ahora».
La organización sindical advierte que estará atenta «a los pasos que se sigan dando en este sentido» y añade que «defenderá el mantenimiento de los servicios a los ciudadanos, para garantizarlos».
