Derribo de edificios en el Cabanyal. / LP
La Universitat de València ya ha recibido las propuestas de dos empresas de servicios interesadas en abrir residencias de estudiantes en el barrio del Cabanyal. Es una de las consecuencias, quizás la más tangible, que ha tenido el trabajo de campo del último año realizado por una comisión de la entidad docente en esta zona del distrito Marítimo.
El vicerrector de Participación, Jorge Hermosilla, confirmó ayer estas iniciativas. Coordinador del informe que pasó el miércoles por el Consell de Govern de la Universitat, mencionó que las facultades atraen cada curso entre tres y cuatro mil estudiantes Erasmus. «La mayoría se aloja en pisos», por lo que la construcción de residencias, además del fomento de viviendas en alquiler para jóvenes, serían propuestas a desarrollar para evitar la degradación del barrio.
El estudio universitario se basa en la pregunta de qué puede aportar la Universitat, en respuesta a la petición en noviembre de 2010 de que se votase en el pleno el apoyo o rechazo al plan urbanístico del Cabanyal.
Hermosilla insistió ayer en que el informe no valora la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. «La cuestión está en manos de los jueces y la Universitat no habla, no dice nada sobre esto». Por esta razón, comentó, se trata de buscar iniciativas que recuperen el barrio «se haga o no la prolongación».
En la jornada anterior, la entidad emitió un comunicado donde se tildaba al plan y la controversia judicial como una «rémora» para la regeneración del barrio. Esos términos no aparecen en el informe elaborado por la comisión.
Hermosilla se entrevistó con los portavoces de los cuatro grupos municipales. El vicealcalde, Alfonso Grau, se mostró a favor de la idea de reservar solares o edificios para residencias. «Nos parece una idea magnífica, que compartimos al cien por cien», dijo en un comunicado.
El estudio hace un recorrido histórico por el barrio, cuenta la evolución demográfica y el devenir del plan urbanístico, pero no entra a valorarlo, salvo en que ha «originado una división interna de la sociedad local», en referencia a la oposición de los afectados por la prolongación de Blasco Ibáñez.
Grau subrayó este apartado, al indicar que la primera conclusión a la que se llega es que la Universidad «en absoluto plantea su oposición, o no oposición, al tema urbanístico, sino una cuestión de pacificación de la sociedad, y se ofrece para establecer su intermediación».
«En el barrio hay voluntad de que se haga algo ya y eso también se recoge en el informe», comentó Hermosilla, quien avanzó que la comisión se convertirá ahora en un «grupo de trabajo y tendremos reuniones con todos los que han participado en el estudio».
La degradación urbanística se ha visto agravada estos años por la paralización de las obras impuesta por el Ministerio de Cultura, aprobada en enero de 2010. Esto derivó en un recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional, al responder la Generalitat modificando el Bien de Interés Cultural para avalar la apertura de la avenida hasta el mar.
La comisión pide también que se levante la suspensión de licencias de obras, algo que el gobierno municipal sólo ha consentido en el caso de permisos por fuerza mayor, debido a que se produzca un peligro para la conservación del inmueble.
La alcaldesa Barberá, según comentó hace unos días, ha iniciado ya los contactos con el Gobierno para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy retire el recurso en el Constitucional y reanudar las obras.
