Los datos del Inem conocidos ayer elevan por encima de los 550.000 el número de desempleados en la Comunitat Valenciana. La crisis económica continúa estrangulando a centenares de empresas. Las administraciones públicas rozan el colapso financiero, y para evitar esta situación buscan cómo gastar menos y la forma de recaudar más. Las previsiones más optimistas reconocen que 2012, como vaticinó en su día Juan Roig, será peor que 2011.
En un escenario de desplome económico generalizado, Compromís, la coalición que lidera Enric Morera, ha decidido abrir un debate político radicalmente distinto, y al mismo tiempo alejado por completo de la principal preocupación de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
El caso es que Mónica Oltra, la número dos de la coalición, presentó hace dos semanas en el registro de Les Corts una proposición no de ley que recupera una vieja discusión, que las formaciones autodefinidas como progresistas agitan a conveniencia como fórmula para tratar de desgastar al PP: La Guerra Civil, el Valle de los Caídos y la figura de Franco.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso este diario, propone -mediante una de esas fórmulas de tramitación incomprensible en que se pide al Parlamento valenciano que le pida al Consell que a su vez le pida al Gobierno central para que lleve al Congreso de los Diputados-: la «condena de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, así como la subsiguiente dictadura franquista». En segundo lugar, «que los restos del dictador Francisco Franco, depositados en el Valle de los Caídos, sean exhumados y entregados a su familia».
A continuación, se propone que el Valle de los Caídos «se convierta en un espacio láico y que se transforme en un museo de historia reciente del Estado español». Y por último, que se hagan las modificaciones necesarias en la ley 52/2007 -la que fija medidas medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como ley de memoria histórica)- «para que queden anuladas las sentencias dictadas en procesos penales de tribunales franquistas a presos republicanos y franquistas».
Al margen de la discutible actualidad de la iniciativa presentada en el Parlamento valenciano -y obviando el hecho de que Compromís dispone de un representante en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví-, Oltra aprovecha la coyuntura para reabrir un debate que ya tuvo cierta vigencia a finales del pasado año, cuando la coalición llevó a los tribunales para forzar al equipo de Gobierno de Rita Barberá a retirar el título de 'alcalde honorario' de la ciudad al general Francisco Franco. Y que en los últimos días ha recuperado cierta vigencia al hilo del juicio a Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo.
La coalición explica en la justificación de su iniciativa que el pasado 18 de julio (hace más de seis meses) se cumplieron 75 años de aquella fecha. «Un hecho que casi nadie debería obviar en una sociedad moderna y civilizada. Tres cuartos de siglo después -se admite- la justicia, la verdad y la reparación legal y moral a las víctimas, queda lejos de ser una realidad».
Desde el PPCV, el portavoz adjunto Rafael Maluenda anunció ayer la intención de su grupo de bloquear la tramitación de esta iniciativa en la próxima reunión de la Mesa de Les Corts. «A los diputados nos pagan para solucionar los problemas de los ciudadanos. Esta propuesta es una burla propia de Oltra», dijo.
