El constructor Enrique Ortiz pasa por delante de Mireia Mollà, ayer en el juzgado. / Dani Madrigal
La diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà se sentó ayer en el banquillo de los acusados. Una afirmación suya respecto a Enrique Ortiz -uno de los principales imputados en el caso Brugal- en la que se refirió al constructor como el empresario «más impregnado de corrupción» en España provocó que Ortiz presentara una demanda por atentar contra su derecho al honor y solicitara una indemnización de 150.000 euros.
Ayer, el juzgado de instrucción número 5 de Alicante acogió la vista oral, que se prolongó durante más de hora y media. Mollà acudió junto a su compañera Mónica Oltra, que ejerció de abogada defensora, y contó con el ánimo de varias decenas de simpatizantes de la coalición, concentrados a la puerta del tribunal.
En la vista, la fiscalía solicitó el archivo de la demanda. En su defensa, ambas diputadas intentaron demostrar que las declaraciones de Mollà se enmarcan en un derecho a informar a la sociedad y que durante los meses previos a abril del pasado año aparecieron «muchas noticias» de presuntas irregularidades en las que aparecía el nombre del empresario. Ha sido en este momento de la vista cuando Ortiz ha negado haber cometido presuntas irregularidades, como en las investigadas en el PGOU de Alicante, si bien ha tenido que reconocer que figura como imputado en este último caso.
Oltra ha calificado de «incomprensible» que Ortiz demandara a Mollà por las citadas declaraciones y durante un año antes no ejerciera la defensa de su honor o exigiera pedir rectificación a los medios de comunicación que publicaron noticias sobre corrupción. Al parecer, Ortiz -que no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación al término de la vista- ha asegurado en el juicio que las declaraciones de Molla atentaron contra su honor y le perjudicaron a la hora de optar a concursos públicos, según han relatado Mollà y Oltra.
