Antes de que Enrique Crespo entrara al salón de plenos que ha presidido durante 12 años, los miembros de su equipo de gobierno cruzaron la pequeña puerta del vetusto edificio municipal que no ha podido ver renovado, a su lado, con cara de circunstancias y los ojos hinchados. No hacía falta decir nada más. Enrique Crespo se iba. Aunque últimamente había salido alguna voz discordante, los concejales del Partido Popular han sido en estos meses su gran apoyo; en Manises no había duda de quién era el líder, a pesar de que hacía ya tiempo que no aparecía en los actos oficiales y no se prodigaba, como antes de que estallara el caso Emarsa, en la festividad del barrio de San Francisco o junto a las amas de casa, ya fuera lunes o domingo. Poco a poco se ha ido apartando de la vida municipal.
Pese a todo, Enrique Crespo parecía el más tranquilo, pero solo lo parecía. Sus ojeras le delataban, sus labios apretados, y también su mirada gacha en determinados momentos de la rueda de prensa, en la que quiso volver a insistir en su inocencia en el caso Emarsa y en que es «curioso» que todavía no haya podido sentarse ante el juez a contar su versión. Se presentó como víctima - «no hay más que mirar en las hemerotecas el último año para ver quién ha sufrido un juicio paralelo»-, aunque no quiso apuntar a nadie más ni mirar hacia arriba. De momento, se lo reserva para su declaración en el juzgado, donde, por ejemplo, dirá quién le propuso que Esteban Cuesta, un enfermero con nula experiencia en la gestión de depuradoras, fuera el gerente de Emarsa.
Cuando Crespo ha decidido irse, no lo ha hecho a medias. Ha dimitido de todos sus cargos, de la alcaldía de Manises, de diputado provincial, donde ocupaba la vicepresidencia segunda, para no dañar a las instituciones a las que ha representado, y también ha presentado su baja como afiliado al PP, al que definió como «mi vida», y al que aseguró que volverá cuando «me declaren inocente». No ha podido aguantar la presión que se ha ejercido sobre él, después de que aparecieran publicados los datos sobre su patrimonio, los bienes de sus hijos, de su exmujer y, tras su imputación hace tres meses, cuando el cerco de la instrucción del caso se ha ido estrechando hasta el punto de que el magistrado le pidió el pasado lunes, junto a otros imputados, 25 millones de euros de fianza por el desfalco en la depuradora. «Hasta aquí hemos llegado, no vale la pena seguir sufriendo», llegó a decir en más de una ocasión durante su comparecencia ante los medios de comunicación, que tampoco quisieron perderse los portavoces de la oposición e incluso el exalcalde José Alberto Arnal.
Desmintió que se hubiera ejercido ningún tipo de presión desde el partido para que abandonara el cargo, aunque esta afirmación no es del todo cierta. Primero, porque desde la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) que antes presidía y que ahora tiene al frente al alcalde de Tavernes Blanques, Arturo Ros, de su mismo partido, lleva desde agosto aportando documentación al juzgado e incluso, como acusación particular, reclamando su imputación en el caso, como «colaborador necesario» en el desfalco de la depuradora.
A nivel político, a pesar de que ayer Crespo aseguró haberse sentido arropado incluso por Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, al que también le había oído hablar de la presunción de inocencia, la realidad es que la dirección regional del partido ya le había pedido a su gran valedor, Alfonso Rus, que tomara medidas contra él, ya que no es lo mismo ocupar la alcaldía en un municipio que ser además vicepresidente segundo de la Diputación, con una labor como la gestión de las carreteras, que maneja uno de los mayores presupuestos.
Sin embargo, Crespo se quedó con los apoyos. Sobre todo, el de Alfonso Rus, presidente provincial, porque creía en él, pese a las presiones que llegaban, también, del Ayuntamiento de Valencia. Le ha apoyado incluso después de que le tocara un número indeterminado de décimos que el juez todavía intenta esclarecer. Después de que dijera que Crespo tenía varios décimos ante los medios de comunicación, rectificó y aseguró que solamente tenía uno, avalando la estrategia que siguió ante el juez el que ha sido su vicepresidente segundo hasta ayer.
Además de hablar con Rus, por la mañana mantuvo una conversación con Antonio Clemente, secretario regional del partido, para anunciarle su decisión de dimitir de todos los cargos. «Han entendido la situación y la respetan», aseguró Crespo. Poco después se emitía un comunicado desde la dirección regional del partido en el mismo sentido. Con quien no habló ni ayer ni desde que comenzó la investigación del caso Emarsa fue con Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, municipio que controla el Emshi, entidad que él presidía y bajo cuya tutela estaba Emarsa. Pero a pesar de reconocer la nula comunicación que ha habido con responsables del Ayuntamiento de Valencia, les exculpó, a preguntas de los periodistas, de cualquier implicación en el caso. También quiso librar de culpas a la empresa pública Epsar, que aprobó las desorbitadas aportaciones a Emarsa que posteriormente se desviaron a empresas ahora investigadas. Crespo no quiso, sin embargo, irse sin acusar a la Agencia Tributaria de haber cometido errores en un informe que le atribuyó 480.000 euros en bonos de la Generalitat, cuando solo tenía 48.000. O en el dinero que llegó desde Suiza después de que le compraran una casa en Alicante. «No me vais a encontrar en ninguno de los hoteles ni viajes pagados por Emarsa», dijo Crespo, que volvió a defender que, como el resto del consejo de administración, se reunía todos los meses «un cuarto de hora o media hora» pero que nunca se enteró del vergonzoso desfalco.
