El primer día que Esteban Cuesta, exgerente de la depuradora de Pinedo, fue a declarar ante el juez, tenía muy claro cuál era su estrategia a seguir: las decisiones sobre la gestión de Emarsa las tomaba a instancias de «mi presidente» y él se limitaba a recibir órdenes. Las interminables horas en que el exgerente ha sido interrogado en el juzgado ha mantenido la misma argumentación, que incriminaba a Crespo, y solo a él, en el caso.
Fue el primer indicio sobre el que el magistrado se basó para, dos meses después, imputarle por los delitos de malversación de fondos públicos, estafa, falsedad documental, delito societario y varios delitos contra la Hacienda Pública. No hubiera sido la declaración de Cuesta, sin embargo, suficiente para imputarle si no hubiera aparecido documentación que, según el sumario del caso, podría apuntar directamente al que fuera el máximo responsable político de la empresa pública Emarsa.
Según el auto de imputación tras la petición de la fiscal, a la que se sumó el Emshi y el PSPV, la «cuantía de las sumas objeto de la investigación es muy relevante, lo suficiente para que el presidente del consejo de administración reparase en ellas». El juez llegó a decir incluso que «en modo alguno puede descartarse la participación en los hechos penalmente relevantes de Crespo».
En aquel momento, el auto apuntaba a que había indicios de «criminalidad» el hecho de que Crespo no hiciera nada para regular los procedimientos de contratación de las empresas que trabajaban para la depuradora, y que ha sido el gran agujero por donde se ha producido el desfalco de al menos 25 millones. Y es que probar su participación en el caso va a ser más complicado que, por ejemplo, la participación de Cuesta, que firmó decenas de documentos, contratos y facturas que se han demostrado a todas luces irregulares. El gerente aseguró que era el presidente quien le mandaba firmar.
Hay otros documentos que apuntan hacia Crespo, y que se han incorporado posteriormente al sumario. Por ejemplo, las actas de las comisiones formadas por el Emshi, Emarsa y el Epsar, donde Crespo pedía más financiación para la depuradora de Pinedo, dinero que ha servido para financiar las prácticas irregulares de la empresa pública. Sin embargo, fue la decisión de declarar tan solo un décimo premiado de la lotería pese a que había asegurado que tenía varios lo que inclinó al magistrado a investigar el patrimonio de la familia de Crespo.
