Los chiringuitos playeros de Valencia han vivido en los últimos tiempos un periodo de incertidumbre debido a la obsesión mostrada por el Ministerio de Medio Ambiente del anterior Gobierno en aplicar un absurdo reglamenterismo que ha puesto en peligro la continuidad de los establecimientos y de los centenares de puestos de trabajo que generan. En estos años, una aplicación muy restrictiva de la Ley de Costas ha amenazado las terrazas de los locales en distintos puntos de la Comunitat, con lo que el negocio en su conjunto perdía su principal característica, la de ofrecer el servicio de restauración al aire libre, junto al mar. La presión popular, la campaña encabezada por LAS PROVINCIAS y la oposición de los ayuntamientos afectados y del Consell consiguieron reconducir un problema enquistado políticamente por una cabezonería del Ejecutivo que tenía más tintes políticos que legales o medioambientales y que se ofuscaba al aplicar en Valencia lo que no exigía en Andalucía o en Cataluña, en una absurda discriminación que añadía más dudas a su arbitraria actuación.
Pero con el PP ya en la Moncloa, es este mismo grupo parlamentario quien pretende ahora dar un paso más y avanzar en la seguridad jurídica de los tradicionales merenderos, promoviendo el que las concesiones administrativas tengan el carácter de permanentes, acabando de este modo con los interrogantes que se ciernen sobre un negocio que da empleo, genera actividad económica y forma parte inseparable de la imagen del litoral español y de las costumbres tanto de los nacionales como de los extranjeros que visitan nuestro país. En palabras del diputado valenciano y secretario primero del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, se trata de compatibilizar las necesarias garantías para un sector que ha sido perseguido por la Administración con la protección de la fachada litoral, una solución perfectamente posible aunque el Gobierno de Rodríguez Zapatero no llegara nunca a entenderlo.
