El futuro del Plan General de Ordenación Urbana de Castellón seguirá en el aire hasta que los tres particulares a quienes el Tribunal Supremo ha dado recientemente la razón, confirmando la «radical nulidad» del citado documento, decidan si van a instar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que solicite a Consell y Ayuntamiento el cumplimiento de la sentencia del Alto Tribunal.
De todos modos, según explicaron ayer desde el TSJCV, si los vecinos pidieran la ejecución de la sentencia del Supremo el tribunal autonómico deberá comunicar al Ayuntamiento la resolución y éste a su vez puede «solicitar su paralización con la argumentación que entienda oportuna, y posteriormente la sala decidiría».
Lo que significa, más teniendo en cuenta que ninguna de las partes ha recibido la sentencia, que hasta que los vecinos se pronuncien el PGOU de 2000 sigue vigente y el Consistorio no está obligado, por el momento, a iniciar ninguna modificación.
En sentencia del 8 de noviembre de 2011, el Tribunal Supremo estima los recursos presentados por dos particulares y la Asociación de Vecinos de la avenida Villarreal que pedían el cumplimiento del fallo emitido por este órgano judicial en 2008 y que revocaba la modificación del Plan General de Castellón del año 2000 al considerar que éste documento no había finalizado sus trámites al exponerse sólo en una ocasión, en lugar de las dos habituales e instaba a las administraciones pertinentes (Consell y Ayuntamiento) a adaptar el texto a la nueva legislación urbanística vigente en 2008.
Tras una nueva aprobación del documento los vecinos consideraron que no se había aplicado la citada sentencia, por lo que presentaron un nuevo recurso ante el TSJCV. Al no ser admitido volvieron a recurrir al Supremo, que les ha dado una vez más la razón, por lo que, lo más probable, es que ahora vuelvan a reabrir el proceso en el tribunal autonómico solicitándole que inste al Consistorio a cumplir la sentencia del Alto Tribunal en donde se explica que la resolución de la Generalitat en la que se declaró ejecutada la sentencia «llega a afirmar que no es necesario aprobar un nuevo PGOU» sino que, «tras subsanar el defecto de información pública, basta con ratificar el plan aprobado en 2000». Esta resolución administrativa, según el TS, «pone de manifiesto que no anuló el Plan General ni efectuó reparo de ilegalidad a ninguna de sus determinaciones».
Asimismo, el Supremo recuerda a la administración autonómica que «el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón de la Plana fue declarado nulo de pleno derecho en la sentencia de fecha 9 de diciembre de 2008 y, por consiguiente, ese trascendental vicio procedimental, por no haber practicado información pública, contamina al documento aprobado, que es radicalmente nulo».
A la espera de que los vecinos decidan si impulsar o no la modificación de plan urbanístico quienes sí se han pronunciado han sido los concejales de la oposición. Así, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, aboga por impulsar la redacción de un nuevo PGOU como solución al «conflicto judicial y administrativo» que ha generado la última sentencia del Tribunal Supremo. «Hay que dejar de poner parches a un problema que el PP no quiere afrontar. El PGOU está en fase terminal y hay que apostar por un nuevo desarrollo urbanístico», afirmó.
Asimismo, Marco señaló la necesidad de crear una nueva hoja de ruta porque «las circunstancias en las que se elaboró el PGOU de 2000 no coinciden con las actuales y las perspectivas socioeconómicas de ahora obligan a plantear un Plan General que proyecte la idea de un nuevo Castellón».
Por otro lado, el secretario de organización de Iniciativa-Compromís en Castellón, Pepe Cueva, afirmó que el equipo de gobierno de había actuado con «temeridad y desprecio a la legislación» y recordó que los ecosocialistas ya habían alertado de que «el simulacro de exposición pública iba contra lo que marcaba la LUV (Ley Urbanística Valenciana) y ofrecía la misma información desactualizada». «Alberto Fabra y Javier Moliner (entonces alcalde y edil de Urbanismo) son unos irresponsables», insistió antes de anunciar que pedirán responsabilidades políticas.
