Los bancos se aproximan estos días a las nuevas exigencias de saneamiento que les impondrá el Gobierno vía decreto en el Consejo de Ministros del 3 de febrero. La posibilidad de que se estreche al máximo el cerco sobre el inmobiliario, con exigencia de provisiones no solo sobre los activos 'problemáticos', sino también sobre los préstamos que están al corriente de pago, ha encendido nuevas alarmas.
El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, desde la relativa tranquilidad que le proporciona haber protagonizado la primera fusión puramente bancaria en esta ronda de la reestructuración, ha sacado la cara por un sector como el inmobiliario que, según recordó, genera el 20% del valor añadido bruto de la producción en España. Pero, sobre todo, invitó a «no demonizar» la vivienda, un activo que es el principal patrimonio de los españoles.
Ocho de cada diez disponen de ella en propiedad, una proporción única en Europa. «Deprimir su valor no traerá nada bueno para el consumo de las familias», pronosticó. Añadió que vender el 'stock' de inmuebles es una prioridad para el país, y que el ajuste del valor no puede ser la única vía.
