El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, llevará a cabo una «profunda, rigurosa y seria» reforma de la Ley de Costas «para compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales». Este anuncio supone un impulso para los chiringuitos de la Comunitat.
En noviembre del año pasado, Medio Ambiente aceptó paralizar el proceso judicial en el que se encontraba una docena de restaurantes de Pinedo y El Saler afectados por la normativa y permitió que las terrazas continuaran abiertas con el mismo número de mesas.
Además, estaba pendiente el traspaso de competencias a las comunidades autónomas y las nuevas autorizaciones. Precisamente, la Conselleria de Gobernación ya había solicitado una reunión con el ministro de Medio Ambiente para tratar los asuntos pendientes.
Ayer, Arias Cañete anunció la reforma de la norma amparándose en la aplicación «errática en los últimos ocho años ha generado controversia, inquietud e inseguridad jurídica» a los ciudadanos; por cuyas quejas, «hasta el Parlamento Europeo ha pedido una revisión».
La revisión de la Ley de Costas analizará «todas las incongruencias» de la norma de 1988 y cuya gestión ha generado multitud de «quejas» en la opinión pública europea, ha asegurado que en España hay «magníficos» y «nefastos» ejemplos en el litoral español y que su propósito es «copiar los magníficos» para «poner en valor» las costas del país porque si están bien cuidadas son «un valor económico y turístico».
La modificación de Ley de Costas de 1988 será un «vehículo eficaz» para «mejorar la seguridad jurídica» de los titulares de derechos en la costa; fomentar la ordenación de la actividad económica, y revalorizar económicamente las zonas ya degradadas y sin valor medioambiental. Entre otros aspectos, dijo que la línea del deslinde será de conocimiento público, dentro de los criterios de transparencia.
Actividades económicas
El ministro no dio grandes detalles de por dónde irá esa modificación, pero si algunas pistas: hará compatible la protección del litoral con las actividades económicas; y se recuperarán terrenos degradados para esas actividades, «mediante la desafección de espacios del dominio público que ya no requieran protección por haber perdido sus valores naturales».
