Los últimos en reaccionar han sido los proveedores de papel, tinta de impresora o tóner así como el servicio de correos. Los impagos de facturas por parte del Ayuntamiento de Benidorm han abocado a las empresas que sirven material a la administración a tomar medidas drásticas para intentar cobrar sus servicios.
El Grupo Municipal Liberales, encabezado por Gema Amor, lanzó ayer una propuesta ante las noticias de los últimos días de la falta de material de oficina en los departamentos municipales y la negativa de Correos a seguir haciendo envíos. La concejala apostó por crear un fondo mensual para atender a las necesidades básicas diarias, como los servicios de determinados proveedores, y asó conseguir que el Ayuntamiento funcione con normalidad y se pueda atender a los ciudadanos.
Amor alertó de que puede llegar el día en que «ni siquiera haya instancias para que los vecinos puedan hacer sus gestiones». La lista de servicios afectados por los impagos que dio la edil fue larga: el servicio postal, los proveedores de papel, tinta o tóner, el gasóleo para las instalaciones de agua caliente del Palau d'Esports o las revisiones de los vehículos de servicios técnicos, entre otros.
Pero además, se refirió a la situación de las concesionarias, a quienes se les adeudan millones de euros, y que han provocado varias protestas frente a las puertas del Ayuntamiento como las de los socorristas de las playas o «una huelga salvada in extremis» de los trabajadores de FCC. Amor indicó que la situación económica solo permite pagar «las nóminas y las deudas con los bancos».
Por su parte, el edil popular José Ramón González de Zárate alertó ayer de que el impago a determinadas empresas podría tener consecuencias para la ciudad como que dejaran de prestar los servicios básicos. Así se refirió a la mercantil SICE que mantiene el alumbrado, los semáforos, el Centro de Control de la Policía Local y los contenedores soterrados.
Los populares cifran la deuda con esta entidad en más de 1,5 millones de euros según un Informe de Morosidad, por lo que el Gobierno local no habría abonado ninguna de las facturas a la concesionaria desde que accedieron al Gobierno en septiembre de 2009.
