El día 21, con la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se iniciará un nuevo ciclo. Y no sólo político. También en relación al agua. Entre los numerosos frentes que debe abordar el futuro Ejecutivo está la planificación hidrológica, motivo de enfrentamiento entre comunidades, expertos y regantes.
Tal y como establecía el programa electoral del PP para las pasadas elecciones, se prevé la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que dé cabida a todas las sensibilidades. Trabajo ingente, sin duda. Trasvases, demandas de territorios deficitarios o la adaptación a la normativa europea son algunas de las muchas cuestiones que estarán encima de la mesa.
También habrá que evaluar la manera de encajar el Programa Agua, el plan que impuso en 2004 la ministra Cristina Narbona para sustituir al trasvase del Ebro que acababa de derogar el Ejecutivo socialista, teniendo en cuenta la enorme inversión de recursos públicos que ha supuesto. Los proyectos emblemáticos del plan, y los más costosos, no se pueden aprovechar: están en dique seco. Se trata del trasvase Júcar-Vinalopó, cuya inversión es de 328.953.850 euros -le falta la prometida depuradora sin la cual los regantes alicantinos no quieren ese agua-, y la desalinizadora más grande de Europa, la de Torrevieja, que ha consumido otros 219.400.000 euros del erario público y que no funciona porque el Gobierno no ha negociado con la Generalitat que le conceda el permiso para pasar las tuberías de toma de agua y de vertido al puerto de la localidad. Son casi 550 millones hipotecados en estas dos actuaciones.
El trasvase, pensado para cubrir el déficit de abastecimiento y las necesidades de los regadíos de la cuenca del Vinalopó, ya está construido. Desde Acuamed, entidad promotora de las obras y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, explicaron que ya podría enviar agua hasta el sur de Alicante tras la comprobación del funcionamiento de la infraestructura y después de que las pruebas de resistencia de la balsa de San Diego, en Villena, hayan sido positivas. ¿Por qué no está en servicio, entonces?
La clave se puede encontrar en el manifiesto que poco antes de las elecciones firmaron los regantes alicantinos junto con entidades empresariales y agricultores de la provincia, cuyo objetivo es conseguir que el nuevo Gobierno retome el diseño inicial de la transferencia. En el documento se rechaza la obra actual debido al coste final del metro cúbico de agua y por su baja calidad. «En cuanto al precio que habrán de pagar los usuarios, estos, a través de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó ya han manifestado su negativa a asumir costes superiores a los 0,12-0,15 euros por metro cúbico», reza el manifiesto.
Los problemas se derivan del cambio de toma del trasvase impuesto por el Ejecutivo socialista, que en 2006 decidió situar el arranque de la infraestructura en el azud de la Marquesa -en la desembocadura del Júcar- en lugar de mantener el previsto en Cortes de Pallás.
Así, el coste del metro cúbico pasa de la cantidad citada a los 0,30 euros, porque el gasto energético para bombear el agua hasta Alicante es 2,7 veces más elevado, lo que repercute en el precio final que deben pagar los regantes. También se hace referencia a la «prometida potabilizadora de la que nada se sabe», es decir, la planta que debía servir para mejorar la calidad del agua desde el tramo final del Júcar y que llegó a valorarse en 40 millones de euros.
Así, el manifiesto advierte de que el Júcar-Vinalopó corre el riesgo de convertirse en un trasvase sin usuarios, es decir, sin regantes dispuestos a pagar el precio final, lo que no solucionará la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó, de donde se extrae el agua para regar. El Gobierno impuso que el agua del trasvase no se destinaría al consumo humano -para la población, agua de desalinizadora-, motivo por el cual la destinada al campo sale más cara.
La polémica sobre el trasvase, que en realidad es un proyecto que hereda el programa Agua, tiene su contrapunto en el Júcar, donde los regantes de la Unidad Sindical (Usuj) apoyan la toma actual y rechazan las críticas alicantinas en relación a la calidad del caudal, que es el mismo que riega cientos de hectáreas de La Ribera.
Sus argumentos son que al tratarse de una transferencia de sobrantes, el único punto donde existen es en el curso bajo del río, y no en Cortes de Pallás, donde el caudal está aprovechado al 100%. Es decir, primero se deben atender las demandas de los usuarios del río -regantes y ciudades como Albacete, Valencia o Sagunto- y a partir de ahí, enviar los sobrantes.
El caso de la desalinizadora de Torrevieja también es flagrante. La obra está terminada en su parte terrestre, aunque las conducciones de toma y vertido de la planta ni se han iniciado. Acuamed alega que necesita una concesión de ocupación por parte de la Dirección General de Puertos de la Generalitat, al estar situadas en el ámbito del puerto de Torrevieja, de titularidad autonómica. El permiso se solicitó en 2009 y no se ha tramitado. Para poner la desalinizadora en funcionamiento se necesita la autorización ambiental integrada, de la que no hay noticias pese a que fue solicitada en agosto de 2007. El Gobierno ha sido incapaz de consensuar las actuaciones hídricas con la Generalitat.
Resto de plantas
El programa Agua prevé la puesta en funcionamiento de otras ocho desalinizadoras en la Comunitat, aunque a día de hoy sólo dos están operativas, y una de ellas (Alicante I) ya estaba prevista con anterioridad y entró en funcionamiento durante el Gobierno de Aznar. Respecto a la de Sagunto, en la actualidad se encuentra en fase de pruebas.
Además, la utilización de agua desalada para tareas de riego no gusta a los regantes. «No son la solución por el coste final del agua. Quizá sí para abastecimientos y otras demandas con capacidad de pagar», alega Juan Valero de Palma, secretario general de Usuj.
La postura de Andrés Martínez, presidente de los regantes del Vinalopó, es parecida. «Desde el principio pensamos que van en contra del sector más débil, la agricultura», sentencia, antes de asegurar que sólo la podrán pagar los abastecimientos.
