El secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, ha señalado que actualmente hay aproximadamente unos 40.000 parados de larga duración que no tienen derecho a una atención sanitaria pública ordinaria tras haber agotado su prestación por desempleo y, por tanto, podrían tener bloqueada su tarjeta sanitaria.
En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Jiménez reconoció que, en algunas comunidades autónomas, como Baleares o Galicia, «han podido darse pequeños problemas» o «desajustes» con la atención a estas personas, tanto en los centros sanitarios como al llegar a las farmacias con sus recetas.
Esto puede haber sido fruto «del incremento de personas en paro que han perdido la prestación» y no pueden acudir a alternativas, como ser beneficiarios de otros titulares o acreditarse como persona sin recursos porque, aunque estén en paro y sin prestación por desempleo, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, unos 7.000 euros.
En estos casos, y según matizó posteriormente a Europa Press, «las comunidades pueden legalmente negarse a ofrecerles una atención sanitaria ordinaria, no así en Urgencias».
