El procedimiento para citar y tomar declaración a los imputados en esta investigación resulta cuanto menos sorprendente, a juicio de diferentes fuentes judiciales, entre ellas jueces y fiscales, consultados por LAS PROVINCIAS.
Los primeros sorprendidos de las formas fueron los propios afectados a quienes se les citó por teléfono para que acudieran con la máxima urgencia, y con un escaso margen de tiempo, a la sede de la Policía Judicial en la Ciudad de la Justicia. Las diligencias de los últimos días han sido practicadas por los agentes en virtud de una orden dictada por el juzgado de Instrucción número 3 de Palma.
Fuentes oficiales de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares señalaron a LAS PROVINCIAS que el juez que investiga la trama había considerado imputados a los tres ex altos cargos de la Generalitat por su presunta vinculación con los delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración.
Sin embargo, la Ley exige en este caso que la declaración de estas personas a las que se considera imputadas -como ocurre con los exdirectores de Cacsa José Manuel Aguilar y Jorge Vela- se realice en presencia de un juez, porque en ese caso obedecería a un mandato judicial, que requiere la presencia de otro juez en la declaración.
La posibilidad natural sería que esa declaración se hubiera hecho ante el instructor de la investigación, pero al estar en otra ciudad, lo habitual es realizar un exhorto. En ese caso, se solicitaría a un magistrado de la ciudad en la que se encuentran los imputados que se les tomara declaración en su presencia. Y ahí sí que habitualmente, y más en procesos tan complejos como el que se investiga, es el fiscal, que ya conoce los pormenores de la causa, quien suele realizar el interrogatorio. No consta en este caso la existencia del citado exorto, y ningún juez ha estado presente en las declaraciones. Otras fuentes consideraron evidente la «desproporción» entre el procedimiento seguido y la causa investigada.
Varios abogados penalistas consultados por este diario mostraron su sorpresa ante las circunstancias de esta actuación. Todas las fuentes mostraron sus dudas respecto a que las declaraciones de estos días tengan validez procesal alguna. De hecho, fuentes de la Fiscalía admitieron que éstas deberán ratificarse ante un juez, un trámite que debería producirse en los próximos meses. Fuentes de la Generalitat informaron ayer de que no tienen conocimiento de ningún auto de imputación del Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca a los dos exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA).
Las mismas fuentes insistieron en la tesis anterior, es decir, la de que ningún juez ha interrogado a ninguno de estos directivos. La Generalitat recordó que éste sería el único órgano competente para hacerlo, «ya que el fiscal no puede imputar procesalmente a nadie» -él no dijo que los hubiera imputado sino que se refirió al juez del caso Palma-Arena- y las declaraciones que se efectúen ante él «en concepto de investigado carecen de valor procesal de imputación».
En este sentido, destacaron la «intencionalidad» de la Fiscalía al proclamar la imputación de las personas vinculadas con la Generalitat cuando todos los indicios apuntan a que la declaración de estas personas cuadraría mejor con el término de investigado o sospechoso dentro de unas pesquisas policiales.
Algunas fuentes consultadas apuntaron por este y otros motivos, como el despliegue policial en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, «el uso del procedimiento con fines mediáticos».
Otras fuentes consideran, no obstante, que no era necesaria la presencia de un juez durante la declaración porque se trata únicamente de una investigación policial ordenada por mandato judicial tras descubrirse durante la investigación del Palma Arena.
La imputación sería, no obstante, la fórmula de preservar sus derechos ante los agentes y que pudieran declarar con sus abogados. Además, bajo esta condición los citados no están obligados a decir la verdad, circunstancia que sí ocurre con los testigos.
La Generalitat, no obstante, manifestó su respeto a la presunción de inocencia de toda persona, «pero aún más en el caso de unas personas a las que ningún juez se ha dirigido o ha recibido declaración».
