El sobresalto político y judicial generado el jueves en Valencia por la declaración ante la policía y en presencia del fiscal anticorrupción de Baleares de varios altos cargos valencianos en relación con la investigación abierta por los contratos con el Instituto Nóos -presidido en su día por Iñaki Urdangarin- vivió ayer su segunda jornada con declaraciones adicionales y con la concreción de los delitos investigados.
En concreto, fuentes de Anticorrupción señalaron ayer que las personas acusadas son los ex directores generales de la Ciudad de las Ciencias (Cacsa), Jose Manuel Aguilar -dirigió la empresa pública entre 2002 y 2005- y Jorge Vela -que relevó a Aguilar en el cargo hasta 2009, y que en la actualidad dirige el Instituto Valenciano de Finanzas-. A ambos se les atribuyen supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración. Tal y como informó ayer este diario, uno y otro declararon el jueves ante el fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach, desplazado para la ocasión a Valencia, en relación con la investigación denominada Palma-Arena, por los pagos realizados desde la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia a Nóos entre 2004 y 2006. Junto a los dos ex altos cargos de la administración autonómica aparece una tercera persona imputada, que algunas fuentes identificaron ayer como Elena Maldonado, exgerente de Cacsa que habría abandonado la empresa pública sin acuerdo con la dirección.
Durante las últimas 48 horas han pasado ante los agentes de la Policía Judicial y el fiscal los dos exdirectores generales, el director de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y el vicealcalde del Ayuntamiento, Alfonso Grau, aunque estos dos últimos figuran como testigos en la declaración testifical firmada tras comparecer ante el fiscal.
Las declaraciones forman parte de las diligencias ordenadas por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca en el marco de una pieza separada y declarada secreta del «caso Palma Arena». Esas diligencias las está practicando la policía y para ello, se explicó ayer, se habría desplazado también un fiscal desde Palma. Un argumento con el que se pretende justificar que el interrogatorio tuvo un carácter policial, pese a que alguno de los citados aseguró ayer a este diario que la única persona que le preguntó durante su declaración fue el fiscal.
3,1 millones
El procedimiento seguido en Valencia durante estos dos días vuelve a poner en el punto de mira los contratos suscritos en la Comunitat con Nóos: tanto los relativos a la organización entre 2004 y 2006 de tres ediciones de Valencia Summit -unas jornadas de expertos internacionales en gestión deportiva-, como el dirigido a propiciar la designación de Valencia como sede de los juegos europeos (aunque finalmente no fructificó esa posibilidad). Desde la administración autonómica se cifra en 3,1 millones de euros los costes abonados al instituto presidido entonces por el duque de Palma, aunque algunas fuentes consideran que esta cifra puede ser superior.
La citaciones se produjeron en la sede de la Policía Judicial en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde estuvo presente el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach, mano derecha del fiscal jefe de ese departamento, el valenciano Juan Carrau.
Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Baleares consultadas por este diario explicaron ayer que las actuaciones, que comenzaron el pasado jueves y concluyeron ayer al mediodía, forman parte de unas diligencias encargadas por el juez titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma en las que se investiga el presunto desvío de fondos en los contratos con las empresas del yerno del rey.
José Salinas, director de Turismo Valencia, y Alfonso Grau, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, acudieron a la citación en calidad de testigos. Grau declaró ayer cerca de hora y media con la asistencia de dos letrados pese a que en su condición de testigo no era necesario que le acompañaran. Por contra, tanto Vela, como Aguilar y Maldonado estarían imputados por el juez, siempre según la versión de la fiscalía anticorrupción de Baleares.
Nuevas declaraciones
Fuentes cercanas a la investigación precisaron que las declaraciones de estas tres últimas personas a las que la fiscalía de Baleares considera imputadas podrían tener que ratificarse posteriormente ante el juez. Lo más habitual en este tipo de situaciones, en las que el juez instructor se encuentra en otra ciudad, es que por exhorto sean citados en un órgano de instrucción de Valencia, y se les tome declaración en presencia de un magistrado -circunstancia que no ocurrió ayer-.
Las fuentes consultadas no ofrecieron detalles respecto de los hechos concretos que se han investigado a lo largo de los últimos dos días en Valencia, aunque obviamente están relacionados con los pagos al Instituto Nóos desde las instituciones públicas valencianas. No obstante, sí aclararon que las mismas diligencias podrían haberse practicado en la Jefatura Superior, pero que se eligió la Ciudad de la Justicia con la intención de ser lo más discretos posible teniendo en cuenta que la investigación se encuentra bajo secreto. Lo cierto es que la discreción supuestamente buscada no se consiguió.
Verificar documentación
Alrededor de las tres de la tarde, el fiscal Anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, abandonaba la Ciudad de la Justicia junto a un grupo de agentes. Según las fuentes consultadas por este diario, Horrach habría utilizado las declaraciones para tratar de comprobar la veracidad de determinada documentación relacionada con los contratos suscritos con el Instituto Nóos.
Los altos cargos citados habrían ratificado su firma en los documentos exhibidos. Un procedimiento quizá no de trámite, pero que en todo caso, según estas mismas fuentes, habría podido resolverse de forma sencilla mediante un oficio del juzgado o con un funcionario judicial. Y no habría sido necesario dar a la investigación el eco mediático que finalmente ha terminado adquiriendo.
Esa circunstancia, unida a la vistosidad que terminó alcanzando la actuación del fiscal anticorrupción, generó ayer serias dudas en la Generalitat respecto al desarrollo del procedimiento.
