La jornada de ayer tardará en olvidarse en la Ciudad de las Ciencias. Por la mañana, varios agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera y miembros de la Fiscalía Anticorrupción se presentaron en la sede social de la empresa pública e interrogaron a un número de entre treinta y cincuenta empleados de esta empresa pública, adscritos a los departamentos jurídicos, protocolo y eventos, en relación con las adjudicaciones bajo sospecha.
Las fuentes consultadas por este diario explicaron que la empresa pública habilitó una sala para que los agentes revisaran la documentación que llevaban en compañía de los citados empleados de la empresa pública. Los agentes habrían pedido datos concretos respecto a algunos de estos documentos, habrían corroborado firmas y habrían solicitado información complementaria respecto a la relación contractual con Nóos.
De hecho, esas fuentes deslizaron la posibilidad de que el motivo de que el fiscal anticorrupción y los agentes de policía se hubieran trasladado estos dos últimos días a Valencia, y se personaran precisamente en la Ciudad de las Ciencias, estaría relacionada con alguna documentación localizada en el caso Palma-Arena y que habría despertado sospechas respecto a si algún tipo de servicio o contrato abonado figuraría como repetido o pagado en dos ocasiones. No se trataría, por lo tanto, de una investigación judicial nueva -propiamente dicha- sino del indicio de un pago por duplicado.
La significativa presencia de agentes de policía no pasó inadvertida, hasta el punto de que en algunos medios se consideró que la búsqueda de información por la que se preguntó durante este procedimiento no habría requerido probablemente de un despliegue tan llamativo.
Contratos con Nóos
Fuentes judiciales explicaron que el despliegue de las últimas horas en Valencia es continuación de las actuaciones del pasado 8 de noviembre, cuando el juez de Palma de Mallorca comisionó a varios funcionarios para que reclamaran a Consejeria de Presidencia y a Cacsa todos los documentos relacionados con las contrataciones con el Instituto Nóos.
Desde que las investigaciones del Juzgado de Instrucción número tres de Palma sobre el yerno del rey salpicaran a la Comunitat Valenciana, los responsables de la Generalitat han defendido la legalidad de esas adjudicaciones y han insistido en que la justicia no cuestiona el trabajo de las instituciones valencianas sino que investiga exclusivamente a Nóos. Este viernes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Lola Johnson, mantuvo la misma línea: el 'caso Nóos' «no afecta» a la Generalitat.
«No se está investigando» al Gobierno valenciano, apuntó a pesar de la imputación de dos de sus exaltos cargos. «Hay alguna conexión y por eso se está pidiendo información en esta fase de la instrucción», apostilló.
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, encuadró el interrogatorio a su vicealcalde en la «posición de colaboración con la justicia» del consistorio valenciano con el juez de Palma que lleva la investigación.
