La crisis hipotecaria ha causado un fuerte impacto entre los valencianos. Un total de 18.102 familias han perdido su hogar durante 2010, una cifra que representa un 17% a nivel nacional y que sitúa a la Comunitat como la tercera con más ejecuciones hipotecarias por detrás de Madrid y Cataluña, según los últimos datos presentados por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae).
Los números son demoledores. La provincia de Alicante ha sido la más afectada con 8.292 viviendas embargadas. A continuación, Valencia con 7.509 y en tercer lugar está Castellón con 2.301 ejecuciones hipotecarias.
La tendencia va en aumento. Frente a los 5.369 embargos que se efectuaron en la Comunitat durante 2007 (Alicante 2.636, Valencia 2.278 y Castellón 455), 2009 arrojó un total de 16.290 ejecuciones hipotecarias (Alicante 7.617, Valencia 6.553 y Castellón 2.120).
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, parece tener una explicación para el caso de la Comunitat. Así, el responsable achaca a su situación geográfica, una zona de costa, la causa que favoreció que los valencianos «se compraran una segunda vivienda en la playa».
A nivel nacional, las cifras tampoco son positivas. Según el responsable de Adicae, 300.000 familias han sido expulsadas de sus viviendas desde 2007, otras 300.000 están en proceso de embargo en la actualidad y más de un millón se encuentran al borde. Una situación para la que reclama «medidas urgentes».
Para ello, ayer iniciaron en Valencia una campaña en pro de establecer una moratoria de tres años en los embargos mediante un texto que bajo la fórmula de Real Decreto Ley esperan que todavía sea aprobado por el Consejo de Ministros esta legislatura. «Es necesario responder de manera eficaz y real a los problemas que sufren las familias españolas», afirmó el representante de la asociación.
Una respuesta que, según expuso, se basaría en una moratoria «sobre la primera vivienda que se concedería sólo si la familia demuestra su insolvencia y que permitiría una recuperación económica que, en muchos casos, frenaría el embargo». «Nuestra propuesta no requiere demasiado dinero para ponerla en marcha y puede pactarse bien con las entidades bancarias», defendió.
La campaña visitará el resto de ciudades españolas y culminará el sábado, 24 de septiembre, con una concentración multitudinaria.
