La mayoría del Congreso se mostró ayer a favor, con la abstención del PP, de que se tramite la Ley de Televisión sin Fronteras, que ampliará el alcance de las televisiones autonómicas más allá de su límite político y hasta toda su comunidad lingüística. Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada por Acció Cultural del País Valencià, la organización que preside Eliseu Climent cuyo objetivo es difundir el catalán por la Comunitat Valenciana, pretende que en Castellón, Valencia y Alicante se pueda ver TV3 sin cortapisas.
ACPV entregó en junio en el Congreso más de 600.000 firmas para pedir, por iniciativa popular, la tramitación de una proposición de ley que «legalice» y «normalice» la emisión de las televisiones autonómicas hasta el conjunto de sus comunidades lingüísticas y más allá de sus límites geográficos y políticos.
El diputado valenciano del PSOE Ferrán Bono y el portavoz de ERC, Joan Ridao, en la misma línea, acusaron al expresidente Francisco Camps de «persecución», en palabras de Bono, de los repetidores de ACPV que hacían posible ver TV3.
Ridao amplió su acusación a «sucesivos gobiernos» de Madrid y Valencia, mientras que desde CiU Montserrat Surroca apuntó a la pasividad del Gobierno central ante este asunto y recordó que el actual presidente, Alberto Fabra, se mostró, como alcalde de Castellón, a favor de que TV3 fuera accesible en Valencia.
Desde el Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, se mostró a favor de la reciprocidad, algo que, insistió, no es lo que solicita la iniciativa popular que se tramitará en la próxima legislatura.
Uxúe Barcos, de Nafarroa Bai, señaló que el debate se ha «catalanizado» y recordó que la Ley de Televisión Sin Fronteras afecta a otras comunidades, como a Navarra y el euskera, y se mostró a favor de la tramitación, al igual que BNG, PNV, CC o IU-IC.
