El solar más judicializado de Valencia descansa ya en paz para convertirse en una extensión del jardín Botánico. Una lucha que ha mantenido en vilo hasta el último momento al colectivo Salvem el Botànic. Precisamente el día antes de anunciarse este acuerdo, esta entidad anunciaba que abandonaba la lucha porque el coste en juicios ya había superado sus límites.
Durante varios gobiernos democráticos, los políticos han intentado llegar acuerdos con el propietario Antonio Mestre. El solar de Jesuitas ha estado siempre encima de la mesa y rodeado por una nube de pleitos.
La lucha implicó también al Consell y en 1984 se dieron los primeros pasos desde la Generalitat para impedir el hotel, pero el pasado marzo todos los pasos judiciales llegaban a su fin tras un sinfín de sentencias, recursos, proyectos y negociaciones.
El recurso nació tras la sentencia del 9 de enero de 2009 del Tribunal Superior de Justicia, favorable a los intereses del empresario propietario de las mercantiles Expo Grupo S.A. y Grand Hotel Crystal Palace S.A. Este fallo supuso un durísimo varapalo a la Generalitat, que había aprobado en 2006 el plan de protección del Jardín Botánico, impidiendo en la práctica la construcción del hotel.
Desde el Consell se había aceptado su construcción pero sólo con cinco plantas para no entorpecer con su sombra el jardín protegido. Este argumento es el que se ha repetido como una letanía desde los años 80 para oponerse a las edificaciones en esta parcela.
El tribunal anuló el artículo sexto del decreto, que se refería a las condiciones arquitectónicas del hotel, para volver a la situación anterior, de once plantas y 44 metros de altura de cornisa. El fallo decía literalmente que la intención de la Generalitat había sido todos estos años colocar sucesivos obstáculos que han sido anulados por los tribunales.
Tan duros fueron los argumentos que el Consell no presentó un recurso de casación, al contrario que la entidad vecinal, con la intención de promover una negociación entre el Ayuntamiento y la empresa para la permuta del solar e impedir así la edificación. Mientras los letrados ofrecían sus diferentes argumentos, los vecinos organizaban actos sociales y llamativos como cadenas humanas en el entorno del solar para reclamar su uso como jardín.
La alcaldesa Rita Barberá estuvo mediando para ofrecer alternativas viables que convencieran al promotor hotelero. Logró en los años 90 permutar otras dos parcelas colindantes al hotel con derechos de edificabilidad en terrenos de Campanar, entre la avenida Maestro Rodrigo y la avenida Pío Baroja. De las tres torres quedó una, reducida a once plantas (diez alturas más un ático retranqueado) con una superficie conjunta de 16.445 metros cuadrados.
Pero Mestre encontró el principal escollo en la Conselleria de Cultura, que rechazó varias alternativas de fachadas presentadas por la empresa. Propuso diseños con y sin maceteros, con abundancia de cristaleras, con terrazas pisables. Pero ninguna opción era aceptada por la Conselleria de Cultura.
Ante este enfrentamiento, la empresa promotora presentó un recurso contencioso en el Tribunal Superior de Justicia para reclamar los daños económicos sufridos por el retraso en la construcción del edificio. Este nuevo paso en los tribunales era para alcanzar el beneplácito de los jueces para obtener los derechos urbanísticos concedidos en una sentencia de enero de 2009, donde se le daba la razón para construir un edificio de once plantas de altura, en lugar de las cinco autorizadas en el Plan de Protección del Jardín Botánico. Esta cláusula de la Conselleria de Cultura impedía en la práctica cualquier alternativa viable.
Finalmente el Supremo ratificaba a Mestre su derecho a construir y ayer Barberá le convencía para ejecutarlo en Aragón 35.
