Cerca de cuarenta empresarios dedicados al suministros de material sanitario han decidido unirse en una asociación para exigirle a la Generalitat Valenciana el dinero que les adeuda y que cada vez les hace más difícil seguir adelante.
«Buscamos que se solvente la deuda acumulada y que se llegue a una situación en la que podamos seguir funcionando», apunta el presidente de la agrupación, Fernando Serrano. Porque en muchos casos esta coyuntura ya es casi insostenible. Y es que, en ocasiones, las facturas por pagar se remontan al año 2008.
«No podemos seguir ejerciendo una actividad sin saber cuándo ni cómo vamos a cobrar», lamenta.
Las empresas afectadas por el impago del Consell son las que proveen a los hospitales y centros de salud valencianos de jeringuillas, gasas, batas y todo tipo de material sanitario. Se trata, en su mayoría, de negocios dedicados a este sector desde hace décadas.
«Nos hemos labrado un camino que nos ha costado muchísimo. No sólo atendemos ágilmente los pedidos programados sino también las necesidades diarias que van surgiendo», destaca el presidente de la nueva asociación.
Hace unos días, el diputado de Sanidad del PSPV en Les Corts Ignacio Subías denunció que como consecuencia del retraso en el pago de facturas a proveedores, la Conselleria de Sanidad ha tenido que abonar 51 millones de euros en concepto de intereses de demora «ya que muchos de los acreedores decidieron reclamar judicialmente».
La cantidad de facturas por abonar que llegaron a los tribunales alcanza los 414 millones. El pago de este importe sumado a los intereses elevan a 465 millones la cifra que Sanidad ha tenido que satisfacer en respuesta a las 565 condenas por impago.
