El fiscal anticorrupción, Luis Pastor, y el representante de la Unión de Consumidores de España (UCE), José Luis Vera, ya han presentado sendos recursos contra la decisión de la Audiencia Provincial hecha pública el día 27 de diciembre de sobreseer la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los impagos fiscales de los ejercicios del 2000 al 2003, tal y como anunciaron hace una semana y a pesar de que en el auto se indica, expresamente, que no cabe lugar a invocar su decisión.
Pese a que no se abrirá el plazo para argumentar los motivos del recurso hasta que no lo admita a trámite la Audiencia, desde Anticorrupción han avanzado que en su escrito defenderán que los delitos no han prescrito y que con la medida tomada por la Audiencia se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva.
Reacciones al auto
Cabe recordar que el escrito de la Audiencia por el que se le retiraba a Fabra la acusación de cuatro delitos fiscales fue valorado muy positivamente tanto por el propio implicado como por el resto de dirigentes populares.
Satisfacción, dijo el propio Fabra, «absoluta», pese a que la Fiscalía Anticorrupción anunció inmediatamente después de conocer el auto su intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y a pesar también de que el líder del PP provincial continúa acusado de un delito fiscal, supuestamente cometido en 1999, y por tráfico de influencias y los supuestos pagos y cobros recibidos a cambio de sus gestiones para legalizar los fitosanitarios de Vicente Vilar.
Al respecto, Carlos Fabra reiteró su inocencia. «No ha habido ni uno solo de todos los cargos de la administración ni de todos los testigos que han declarado en las diligencias previas que haya dicho que yo le he pedido nada para el señor Vilar ni una empresa del grupo Naranjax», aseveró. «Llevo padeciendo una persecución política y, sobre todo, fiscal durante siete años, por encima incluso de lo que una persona humana puede soportar. Sin embargo, en este momento empiezo a ver las cosas con mucha mayor claridad y con mucha más tranquilidad», indicó.
Así pues, el presidente de la Diputación aseguró conformarse con la prescripción de cuatro de los cinco supuestos delitos fiscales que pesaban sobre él porque, tal y como dijo, «es tanto como la absolución». «No es cosa mía que el juzgado de Nules y la Fiscalia no hayan hecho los deberes», continuó el máximo mandatario del PP en Castellón. «La única que puede decir si hay o no delito es la Agencia Tributaria», que según él le reclama 38.000 euros por un presunto delito fiscal cometido en el año 1999.
En ese sentido, Fabra explicó que ya ha elaborado «una completa hoja de cálculo» con sus movimientos bancarios de cada día para así justificar su inocencia e insinuó que quizá sea Hacienda quien finalmente deba devolverle «alguna peseta».
Las reacciones al auto de la Audiencia por parte de las filas socialistas tampoco se hicieron esperar. Así el secretario general provincial del partido, Francesc Colomer, lamentó que el PP celebre «como una fiesta» que Fabra sólo se vaya a sentar en el banquillo de los acusados por fraude fiscal, tráfico de influencias y un presunto cohecho. A su juicio, «actitudes como exaltar la prescripción como fórmula para eludir la acción de la justicia constituyen un insulto para el conjunto de la ciudadanía honesta y honrada de esta provincia que paga sus impuestos, que no hace trampa y que aspira a vivir una vida con dignidad».
También el vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, acusó al PP de tener una «doble moral» por permitir que personalidades como Fabra o el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se presenten a las elecciones «pese a estar imputados por graves delitos».
