Pasaban unos minutos de las nueve y media de la mañana cuando cuatro agentes de la Policía Judicial, el fiscal Vicente Torres, la secretaria judicial del juzgado de Massamagrell y miembros de la Agencia Tributaria se personaban el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals.
En las manos llevaban una providencia para registrar las oficinas municipales y llevarse expedientes urbanísticos. Los delitos que investigaban: prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y tres delitos contra la Hacienda pública, según fuentes de la Fiscalía. Fue la propia alcaldesa, Natividad García, quien se mostró, prácticamente, como una anfitriona invitando a unos amigos. «Nos han tratado muy bien», decía mientras todavía permanecían en el interior del Consistorio, de donde no salieron hasta pasadas las dos del mediodía.
Los expedientes que buscaban pertenecen al desarrollo urbanístico de dos parcelas, la 19 y la 23, del sector SU-9, ubicado en la playa de La Pobla de Farnals, donde, al parecer, se aprobaron licencias de obra en la etapa socialista 2003-2007, con Josep Vicent Sanchis al frente, con una volumetría superior a la visada por el Colegio de Arquitectos sin que posteriormente se ingresaran en la caja del Patrimonio Municipal del Suelo el importe correspondiente a ese exceso de volumetría, y que corresponde al Ayuntamiento.
16% sin ingresar
En total, parece que se trata de más de siete millones de euros que nunca aparecieron. Además, la Agencia Tributaria ha intervenido en la investigación porque tampoco se ingresó el IVA correspondiente a esa cantidad, un 16%.
Todo comenzó el 30 de octubre de 2009. Ese día, un vecino, que ha pedido a LAS PROVINCIAS que su nombre no se mencione, presentó una denuncia ante la brigada de delitos económicos y contra la corrupción de la Fiscalía Provincial de Valencia. El motivo, el no ingreso en las arcas municipales del dinero que debería haber generado la construcción de una mayor volumetría en las parcelas mencionadas. Y en la denuncia acusa a 15 personas, políticos y funcionarios, entre ellos la alcaldesa actual, Natividad García, el ex alcalde Josep Vicent Sanchis, del PSPV (actualmente suspendido de militancia), el ex concejal de Urbanismo durante la etapa socialista, Pepe Peris (EU), además de varios funcionarios, entre ellos el arquitecto municipal, el ingeniero técnico, los dos interventores, un contable, un tesorero o la secretaria municipal.
Durante este año de diligencias de la investigación penal se han cotejado papeles visados con el Colegio de Arquitectos, se han medido volumetrías, se han estudiado originales y finalmente la Fiscalía, la pasada semana, decidió presentar una querella en el juzgado de instrucción de Massamagrell para que iniciara la investigación. En una semana, el juez ha ordenado el primer registro en el Consistorio, aunque el denunciante augura algunos más y otras actuaciones, entre ellas «imputaciones de algunas de las personas denunciadas».
«En la Fiscalía y la Agencia Tributaria dicen que me he quedado corto», explicaba a LAS PROVINCIAS el denunciante, al hablar del importe económico que no fue ingresado en las arcas municipales. Según algunas fuentes consultadas, tras el registro se precintaron algunas dependencias para evitar que desapareciera documentación.
Porque no son las únicas parcelas investigadas. Este vecino presentó el 25 de noviembre de 2009 otra denuncia por las manzanas 14 y 16, del mismo sector ubicado en la playa. Y según el denunciante, no acaba aquí. El ex alcalde del Partido Popular, José Manuel Peralta, lo ratifica. «Es un macropai de 23 parcelas, donde ha habido un exceso de volumetría y no se han ingresado en el Ayuntamiento varios millones de euros», aseguraba ayer.
Ni siquiera aquí se acaban las denuncias. Según este vecino, también se ha llevado ante la Fiscalía el bosque urbano, «un proyecto por el cual se pretendía construir un jardín sobre los montones de escombros que habían dejado las constructoras, para ahorrarse el dinero de su retirada». Al mismo tiempo, se investiga otro Plan de Actuación Integrada en la zona del pueblo.
El denunciante, que asegura que no tiene ninguna adscripción política, tenía claro por qué presentó las pruebas ante la Fiscalía. «Veía que se iban de balde, que los delitos cometidos iban a quedar impunes. Y no lo dudé». Este vecino apunta a Josep Vicent Sanchis como «uno de los máximos responsables de la trama, durante los cuatro años que estuvo al frente de un gobierno socialista en el que su concejal de urbanismo fue Pepe Peris, de Esquerra Unida», que fue además alcalde del municipio durante los primeros ocho años de la democracia. También figura en la denuncia, aunque ya no es concejal.
Josep Vicent Sanchis, sin embargo, aseguró ayer que estaba «muy tranquilo. He hablado con el arquitecto municipal, con la secretaria y con el asesor jurídico del Ayuntamiento y me han dicho que no me preocupe de nada, porque estos proyectos urbanísticos se aprobaron en el pleno municipal por unanimidad». Sanchis llegó a decir que «no te puedo demostrar que esas actuaciones se hicieron conforme a la ley porque se han llevado los papeles. Si no, te lo enseñaría y lo verías por ti misma».
Mientras, Peralta, que heredó muchas de las obras recién empezadas, lo tiene claro. «No firmé una sola licencia. Heredé todo y estuve apenas un año. Lo que sí vi es que no había certificaciones de obra, que no llegaban. Y sospeché. Paralicé alguna obra, y a día de hoy parece que la situación urbanística sigue igual».
