Una financiación acorde para poder atender a los dependientes y garantizar la sostenibilidad de la ley. Es lo que pidieron ayer la mayoría de comunidades autónomas al Gobierno, entre ellas la valenciana, en el Consejo Territorial de la Dependencia celebrado en Madrid.
La ley establece que Ministerio de Sanidad y los gobiernos regionales deben pagar a medias pero la realidad es bien distinta. A día de hoy la financiación toma como referencia el grado y nivel de dependencia y lo que reclama la Comunitat es que se subvencione por el servicio concreto. «No cuesta lo mismo un recurso que otro. Por eso pedimos que el 50% ha de ser según la ayuda recibida, es decir, un sistema justo y sostenible», reivindicó la consellera de Bienestar Social, Angélica Such.
Con la actual gestión, la Generalitat está asumiendo el 70% del gasto. «Es un sistema inadecuado», lamentó Such. Pero de momento el Gobierno no da el brazo a torcer y mantiene este método para los nuevos beneficiarios a los que se atenderá a partir de enero.
Y es que la petición de que se revise la inversión se produce a dos meses para que entre en el sistema de atención el grado I, es decir, los dependientes de grado moderado.
Pese al desacuerdo con la financiación, la consellera de Bienestar Social quiso dejar bien claro su compromiso por la concesión de la ley. «He trasladado nuestro firme compromiso por seguir aplicando la ley según el calendario previsto, dando así respuesta a quienes tienen derecho a recibir las ayudas a partir de enero», aclaró Such.
La responsable de Bienestar Social también criticó la propuesta estatal de que se establezca un límite de horas de atención a los dependientes que acudan a un centro. «Eso debe decidirlo el profesional», reclamó. Desde la Conselleria recordaron que en el último año el número de atenciones a dependientes ha aumentado un 164%.
