Acuciado por la denuncia de los socios del FC Barcelona acerca de su escandalosa gestión económica en la presidencia del club catalán y con unas perspectivas electorales muy alejadas de sus entusiastas previsiones iniciales, Joan Laporta ha decidido echarse al monte, acentuar su perfil extremista y trasladar su campaña hasta la Comunitat Valenciana, a la que considera parte de los inconstitucionales países catalanes, en una intolerable provocación que debe ser contestada apelando al cumplimiento de la legalidad. El ex presidente blaugrana viajó ayer hasta la localidad de Vinaroz con su proyecto de Solidaritat Catalana, el partido con el que va a concurrir a las elecciones de noviembre en Cataluña. Su sueño expansionista valenciano lo construye a partir de una alianza con una formación política fantasmagórica, el PSAN, liderado por un personaje tan polémico como Josep Guia, conocido por su etapa como vicerrector con Ramón Lapiedra y declarado catalanista e independentista. Una tarjeta de visita que ya muestra bien a las claras cuáles son las intenciones de Laporta, la anexión pura y dura de lo que él denomina País Valencià.
Treinta y dos años después de aprobada la Constitución, algunos dirigentes catalanes parecen no haber superado una especie de trauma expansionista-soberanista que les persigue de forma casi enfermiza y les llega a obsesionar. Los antihistóricos, irreales e ilegales países catalanes no han contado nunca con el más mínimo respaldo social y mucho menos electoral en la Comunitat, lo cual no ha sido óbice para que sus promotores lo siguieran intentando. El último de ellos es Joan Laporta. A imagen y semejanza de aquella Gran Alemania con la que soñaba Hitler, el político independentista aspira a diluir la personalidad valenciana en un magma catalán. Nada nuevo bajo el sol, por otra parte. El candidato de Solidaritat está en su derecho de viajar a Vinaroz para explicar y vender un proyecto que no tiene cabida en el modelo territorial que consagró la Constitución de 1978. Se lo permite el derecho a la libertad de expresión que protege esa carta magna que él quiere dinamitar. Pero, a su vez, los ciudadanos también están en su derecho de darle la espalda y de demostrarle en las urnas que una relación de buena vecindad se basa en el respeto de la personalidad de cada cual, no en el avasallamiento de uno sobre el otro.
