Un fraude a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana implica a 3.000 trabajadores valencianos y a decenas de empresas. Cobrar el paro y seguir trabajando. La Inspección de Trabajo en la Comunitat, especialmente en la provincia de Alicante, está realizando una exhaustiva investigación para determinar el alcance de la estafa.
El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo está descubriendo que decenas de empresas, de todos los sectores pero especialmente de la industria tradicional y de la construcción, han presentado expedientes de regulación de empleo (ERE), para suspender temporalmente a casi toda su plantilla, de tipo fraudulento.
La irregularidad reside en que la autoridad laboral aprobó el ERE porque, en apariencia, cumplía con toda la legislación y ordenamiento jurídico laboral. Una pyme que acusa una fuerte bajada de los pedidos y que tiene problemas de producción, lo que da vía libre para suspender temporalmente (hasta seis meses) a toda o parte de su plantilla.
Pero, tras recibir alguna advertencia sindical o bien de oficio, los inspectores de la Seguridad Social se topan con los trabajadores en sus puestos laborales y destapan que la caída de pedidos de las empresas era un hecho ficticio o directamente falso. Los trabajadores están cobrando la prestación por desempleo, pero también reciben un dinero fresco en sobre del tipo B.
Las multas para estos casos son millonarias (si se cuentan en pesetas), porque no sólo hay fraude a la prestación, sino también al sistema público de la Seguridad Social, ya que los trabajadores y la empresa no cotizan mientras dura el expediente de regulación de suspensión temporal de empleo.
Estas prácticas afectan inicialmente a decenas de pymes alicantinas y a unos 3.000 trabajadores en el paro en la Comunitat, 1.000 de ellos en Alicante.
El director regional de la Inspección de Trabajo en la Comunitat, Alejandro Patuel, confirma a este diario los hechos investigados tras ser detectados, que no forman parte de ninguna campaña específica, aunque sí se cruza con las acciones para combatir la economía sumergida. Se están hallando trabajadores que cobran la prestación por desempleo y siguen trabajando en el mismo lugar y puesto, sobre todo por los ERE presentados en fraude de ley. Otra casuística tiene que ver con trabajadores que trabajan sin contrato laboral y los extranjeros, aunque la cifra se ha reducido mucho, que también trabajan sin contrato ni cotizaciones a la Seguridad Social, según detalla Patuel.
Fuerza mayor y técnicas
Hasta el pasado 30 de junio, los expedientes de suspensión temporal de empleo son los más numerosos, con mucha diferencia. De los 330 ERE, 261 son de este tipo. Y de los 2.686 trabajadores afectados por expedientes de todo tipo, 2.119 son de suspensión temporal de empleo y el resto de reducción plantilla (144 trabajadores) y rescisión de contrato (423).
Las alarmas sobre la economía sumergida creciente están lanzándolas desde hace meses los sindicatos mayoritarios, aunque la patronal Coepa los limita a casos puntuales, nunca generalizados. En el Observatorio del Fraude, el pasado 14 de julio, se informó de la inminente acción cruzada de la Inspección de Hacienda y la de Trabajo, al determinar que sigue al alza el empleo ilegal en el 2010.
