Una vez aprobada la reforma laboral como proyecto de ley, la negociación colectiva que marca las normas internas de las empresas (salario, jornada, categorías profesionales, antigüedad, vacaciones, etc.) se situará en el punto de mira de los cambios perseguidos por el Gobierno, los partidos políticos y los agentes sociales. Y para que el proceso concluya dentro de un periodo de tiempo determinado y corto, el Ejecutivo ha recibido un mandato del Parlamento. En un plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de la ley de reforma laboral, el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero «deberá adoptar las medidas que correspondan» para modernizar y adaptar las relaciones empleador-empleado a tiempos y necesidades actuales.
El mensaje para el Gobierno figura en una enmienda de Convergencia i Unió (CiU) al proyecto que cambiará la normativa laboral. La propuesta aclara que la actuación del Ejecutivo se llevará a cabo siempre «en defecto de un acuerdo» entre las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT. De momento, empresarios y centrales han comenzado ese diálogo social bipartito con la intención, según manifestaron sus representantes recientemente, de que los convenios nuevos y revisiones a aplicar en 2011 se produzcan bajo pautas distintas de la actual.
La enmienda del grupo nacionalista catalán propone abordar «la definición de mecanismos de articulación de la negociación colectiva, su papel como procedimiento de fijación de las condiciones laborales y de determinación de las políticas de empleo, y su capacidad de adaptación a las necesidades de los trabajadores, las empresas y los sectores productivos». Para CiU es muy importante «la mejora de la productividad». A su juicio, los elementos e instrumentos descritos «configuran el actual sistema de negociación colectiva».
La propuesta catalana ha producido malestar en CC OO y UGT. Los sindicatos temen que las patronales, «ya de por sí reacias a negociar», se instalen en la filosofía de que «les va mucho mejor» cuando «el Gobierno les hace los deberes». «A las pruebas nos remitimos. Nunca quisieron acordar la reforma laboral porque sabían que con la derechización del PSOE los cambios se inclinarían a favor de los empresarios», resaltó un portavoz de Comisiones.
Rechazo al proyecto
No obstante, el proyecto de ley aprobado por el Congreso de los Diputados (todavía falta el Senado) no satisface a CEOE ni a Cepyme. Ambas patronales aseguran que las modificaciones introducidas «no van a permitir a las empresas mejorar su actividad y crear empleo estable», si bien reconocen que algunas enmiendas contienen elementos positivos, como la extensión del contrato indefinido de fomento del empleo, creado en 1997, precisamente por los interlocutores sociales.
Entre las críticas lanzadas por las patronales ocupan un lugar primordial las relativas al despido objetivo. Mantienen que las nuevas aclaraciones «continúan siendo imprecisas, ambiguas y, por lo tanto, de difícil interpretación». «Adolecen de la misma falta de concreción que caracterizaba la situación anterior y que hizo que el 78% de todos los despidos de 2009 fuera declarado improcedente».
