El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 falló ayer en contra del Ayuntamiento de Valencia al dictaminar excesiva la productividad de los funcionarios, tal y como denunció el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, al impugnar el convenio colectivo del Ayuntamiento de Valencia.
La posición de Peralta enfadó a los sindicatos y a los 5.500 funcionarios del Ayuntamiento de Valencia que no dudaron en realizar una manifestación ante la Delegación el Gobierno. Tras la sentencia de ayer la reacción de los afectados no se hizo esperar. «Vamos a recurrir esta sentencia porque consideramos que es injusta y atenta contra los derechos a la negociación colectiva de los trabajadores», afirmaron ayer desde UGT.
El Ayuntamiento también está decidido a recurrir esta decisión «porque asegura que fue un acuerdo alcanzado con todos los trabajadores y no se puede modificar», explicaron fuentes municipales.
Ricardo Peralta impugnó el convenio al denunciar que se estaba autorizando un 2% de productividad superior a lo que la ley establece. «Son derechos que teníamos adquiridos desde los 90 y no lo vamos a consentir», comentaron los trabajadores tras conocer el fallo.
Los sindicatos aseguran que Ricardo Peralta intenta impugnar el convenio laboral aprobado y negociado por los funcionarios al considerar ilegales las ventajas de los empleados municipales. Pero para ellos, son medidas totalmente justas ante el volumen de trabajo que deben realizar a diario.
Uno de los perjuicios de la impugnación del convenio sería la pérdida salarial. Los funcionarios perderán entre 150 y 300 euros mensuales, así como ayudas sociales, descuentos en material sanitario o becas de estudios para sus familiares. «Este aumento de productividad está totalmente justificado porque en los últimos años se ha incrementado la población en la ciudad y las gestiones que realizan en el Ayuntamiento son numerosas», insistieron desde UGT.
Los sindicatos insisten en que el convenio colectivo del Ayuntamiento de Valencia es el modelo de seguir en los ayuntamientos de ciudades de la provincia.
Ante la denuncia de los sindicatos, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, aseguró en su día. «Lo único que hemos pedido es que un juez determine si esos acuerdos suscritos por el Ayuntamiento de Valencia se sujetan a la ley. Y a la legislación estamos obligados todos, especialmente las Administraciones». En este sentido recordó que la Delegación del Gobierno tiene la capacidad y la obligación de controlar que los actos de las Administraciones locales se ajustan a la legislación. Ahora será un juez el que dirá si esas decisiones del Ayuntamiento son legales o no», señaló.
Es ahora cuando el magistrado ha decidido su sentencia, aunque los 5.500 funcionarios del Ayuntamiento no están dispuestos a que sus derechos y su esfuerzo día a día no se tenga en cuenta.
