En tiempos de continuos despidos e intensos conflictos laborales, otros tienen tanto trabajo que no dan abasto. Y eso se traduce en retraso. Mucho retraso. Es lo que está ocurriendo en los Juzgados de lo Social de Valencia, donde el tiempo que transcurre entre demanda y celebración del juicio puede llegar a sobrepasar el año, según lamentaron abogados, demandantes y hasta el decano de los jueces, Pedro Viguer.
Y la misma dilación puede darse si un juicio ya señalado se suspende por cualquier motivo. El último y sangrante ejemplo lo vivió el martes Federico García Velázquez, el ex agente forestal que perdió un brazo por la extraña bacteria 'come carne'. Acudió a los tribunales para que se le reconozca como un accidente laboral y no como enfermedad común.
Fue en el juzgado de lo social número 7. La falta de varias personas que debían haber comparecido obligó a posponer la vista oral. Los abogados del caso creyeron haber oído mal cuando les informaron de la nueva fecha de celebración: noviembre de 2011. «No tengo espacio para meterlo en otro día», afirmó apenado el magistrado.
La razón del monumental colapso es sencilla. La crisis económica que aún persiste ha disparado los desacuerdos entre empresario y trabajador. Los problemas relacionados con despidos improcedentes, los más urgentes, todavía pueden ser resueltos en unos cuatro meses, pero cuando se trata de reclamaciones de sueldos, desacuerdos en finiquitos o conflictos con la Seguridad Social, los casos se hacen eternos en los tribunales.
Pedro Viguer, decano de los jueces de Valencia, está convencido de que el alud de asuntos que ha desatado la crisis no ha ido acompañado del necesario refuerzo en los juzgados encargados de enjuiciarlos. Y lanza una alerta: «Con semejante volumen de trabajo hay mucha más probabilidad de errores y la saturación repercute en la calidad de la justicia que recibe el ciudadano».
Sus ejemplos para explicarlo son claros. «Hay mañanas con 10 o 12 juicios o más...Y yo me pregunto: ¿puede un cirujano operar 100 veces en un día?, ¿puede un piloto realizar 100 vuelos en un día?».
Los tres juzgados de apoyo de lo social que arrancaron en noviembre en Valencia, estima Viguer, «ayudan pero no solucionan tanto volumen de trabajo». En su opinión, se precisan ocho juzgados más para poder afrontar la tremenda avalancha de asuntos.
Según los datos que maneja, cada juzgado de lo social tiene que resolver una media de 1.658 litigios al año, cuando el máximo que marca el Consejo General del Poder Judicial para el correcto funcionamiento de estos órganos es de 850. «Casi todos los jueces se llevan los casos a sus casas, con maletas que rebosan de papeles, para poder dictar sentencia a tiempo y ya hemos tenido casos de estrés y ansiedad», recalcó.
Meses de incertidumbre
Jueces al borde del ataque de nervios y, al otro lado, personas en paro necesitadas del dinero por el que pleitean y que esperan meses y meses para recibir su ansiada justicia. «O empresarios a los que sus empleados se les reclaman cantidades que creen que no deben pagar y no pueden hacer previsiones económicas porque, en un año, un tribunal les puede pegar un buen mazazo», resume un abogado especializado en litigios laborales.
Abril de 2011 es la fecha prevista para el juicio de un trabajdor valenciano que reclama dinero a su empresa. No quiere decir el nombre, pero sí lo que le hicieron «me pagaron varios sueldos con una cantidad muy inferior a lo que marca el convenio colectivo», lamentó. «Y por lo que veo aún voy a tardar en cobrar», se quejó.
Eugenio López es un pequeño empresario valenciano del transporte. «Despedí a un trabajador y cobró su finiquito, pero es un mentiroso compulsivo y me pidió 13.000 euros por nocturnidades y dietas». Fue despedido en 2008 y demandó a su empresa, luego retrasaron el juicio hasta ayer. Dos años después ha sabido que debe pagarle 4.000 euros y no los 13.000 que reclamaba. «Hasta los mentirosos ganan los juicios»
A pocos metros del juzgado de lo social 8, una abogada charla con la responsable de recursos humanos de una firma valenciana. «Llevo un caso de una mujer que demandó a su empresa a principios de este año porque le deben una importante cantidad salarial. Hubo un intento de conciliación fallido y el juzgado que debe celebrar el juicio nos ha citado para junio de 2011.
Según Viguer, los juzgados de lo Social, son, junto con los de civil, mercantil y contencioso-administrativo, «los que más retrasos padecen». El colapso de los órganos judiciales encargados de dirimir desacuerdos laborales es algo generalizado en España, pero el decano cree que la situación en la Comunitar Valenciana es más grave. «Somos la tercera autonomía de España que menos jueces tiene en relación a su población», recalcó.
El Consejo General del Poder Judicial anunció ayer que ampliará hasta el próximo 31 de julio el plan de medidas extraordinarias de refuerzo en los Juzgados de lo Social. Pese a ello, Viguer cree que las inversiones del Gobierno en justicia son escasas. «España gasta un 1% de su dinero en justicia, frente al 3% de la media Europa», detalló.
El último juzgado de lo social de Valencia, el 17, se creó en 2005 y, desde entonces, «nada de nada, ni en civil, ni en mercantil». Pocos años después, llegó la crisis.
