La Conselleria de Justicia asegura que el secuenciador de ADN que utilizan como referencia todos los juzgados de la Comunitat Valenciana estará arreglado entre este mes y el próximo. La mayoría de las pruebas, claves para la investigación de delitos graves como crímenes o violaciones, se están derivando hacia Barcelona.
El departamento del Consell del que dependen los Institutos de Medicina legal (IML) quiso ayer dejar claro que las infracciones penales en las que se han recabado esos restos biológicos de sospechosos se siguen investigando por los jueces. No obstante, como ayer desveló este diario, la avería registrada en el aparato situado en Valencia al menos desde mayo provoca retrasos en los resultados que pueden exculpar a personas ahora en prisión preventiva. La titular de Instrucción del Juzgado 5 de Elche, por ejemplo, ya ha decretado la libertad bajo fianza de un supuesto violador que se había prestado voluntariamente a los análisis de ADN.
Ante el retraso de la realización de esas pruebas, que le comunicó el departamento de Genética Forense del IML de Valencia, la magistrada resolvió la excarcelación del sospechoso y el envío de las muestras a la Dirección General de Policía y Guardia Civil en Madrid. Así lo reflejan dos providencias del mes de mayo a las que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.
Las pruebas que proporciona el aparato son vitales para el esclarecimiento de hechos violentos. Se han convertido en un aliado imprescindible de las fuerzas de seguridad y de jueces y fiscales para actuar contra los culpables.
De hecho, en ocasiones no existen otros indicios de criminalidad en los que sustentar una acusación más que la prueba de ADN. A falta de testigos directos o de huellas dactilares, un mechón del pelo, una colilla con restos de saliva, unas gotas de sangre o un fragmento de tejido epitelial pueden ser la clave que conduzca a una sentencia condenatoria. Así lo explicaron fuentes judiciales.
El problema también puede darse a la inversa, ya que las pruebas pueden servir también para la puesta en libertad de inmediato de inocentes que se encuentran en prisión preventiva por un error en una identificación o con indicios más bien débiles en su contra.
«Si se da el caso y una persona sigue encarcelada más tiempo del necesario por un problema como este, podría actuar contra el Estado al verse mermados sus derechos fundamentales», tal y como advierte un fiscal que desempeña su labor en Alicante.
Un caso reciente en la provincia que está a la espera de un resultado genético es el asesinato de Juana María Sánchez, una trabajadora de la limpieza en una asesoría de Pinoso, en el Alto Vinalopó, el 12 de agosto del pasado año. José Juan V. L., cuñado del gerente, es el único imputado en las diligencias hasta el momento, aunque sostiene que no cometió el crimen.
De hecho, implica en sus declaraciones ante el juez a otra mujer, presuntamente conocida de la víctima, aunque las pruebas juegan en su contra. El día del asesinato estaba en las proximidades de la oficina (la señal de su móvil fue ubicada en la zona) y la guardia civil encontró huellas de su zapato. Por eso, si la prueba del tejido hallado en las uñas de la víctima no se corresponde con su ADN, se generarían dudas razonables sobre su autoría.
