El artículo 8 de la nueva ley valenciana de régimen local establece los supuestos bajo los que puede producirse la eventual supresión de municipios. En el apartado cuarto de ese artículo se especifica: 'dotarse de una adecuada dimensión territorial de modo que se mejore su capacidad económica y se aumente la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios públicos'.
El supuesto no es anecdótico. El debate sobre la situación financiera de las corporaciones locales tiene, en la prestación se servicios que no corresponde prestar a los ayuntamientos, una de sus principales grietas. Las cifras estimadas indican que los 542 municipios valencianos se ven obligados a hacer frente a gastos por un total cercano a los 850 millones de euros por la prestación de servicios que no son de su competencia, como son seguridad, encauzamiento y limpieza de barrancos o atención a personas inmigrantes.
El dato se suma a la caída de 300 millones en la recaudación por financiación local que percibirán los consistorios, lo que supone un 17.8% con respecto a la del 2009. Si se suma el IVA que soportan y que deriva en menos recursos, con la subida de un 2% de este impuesto cuando acabe este mes, los recursos para atender aquellos servicios básicos aún se verán más recortados. Y eso, sin contar los 180 millones que los ayuntamientos de la Comunitat han soportado como IVA de los planes de inversión estatal.
El horizonte financiero unido a la situación económica no depara un panorama mucho más positivo para las corporaciones locales. Por ese motivo, el debate sobre la eventual fusión o supresión de municipios se ha convertido en uno de los centrales con la aprobación de la ley de régimen local. Ayer, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, volvió a referirse a este asunto para subrayar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debería defender una única posición en relación con este debate. El pasado sábado, el vicepresidente tercero Manuel Chaves se mostró contrario a la eventual supresión de municipios. Sólo unos días antes, el titular de Fomento, José Blanco, abrió la puerta a ese debate, al cuestionar incluso el futuro de las corporaciones provinciales.
Para el conseller Blasco, las incoherencias que manifiestan los propios ministros del Gobierno respecto a la reestructuración de las instituciones públicas «hacen presagiar que el Ejecutivo estatal llevará a cabo unos cambios improvisados y alocados en las administraciones que resultarán dramáticos para la administración local».
El titular de Solidaridad y Ciudadanía volvió a animar ayer a las corporaciones locales de la Comunitat a que en el marco de la nueva Ley de Régimen Local participen en la propuesta del Consell de mancomunar servicios u otras vías de colaboración contempladas en la legislación para ser más fuertes y garantizar los mejores servicios a los ciudadanos y así afrontar la actual coyuntura económica a los que les ha abocado el Gobierno central.
Contradicción en el PSPV
El conseller también aludió a la posición de los socialistas valencianos y subrayó que existen «contradicciones». El pasado viernes, la secretaria general del PSPV en Alicante, Ana Barceló, dijo que no se puede «estar diciendo a los ciudadanos que se van a suprimir o fusionar algunos de los ayuntamientos por la situación precaria por la que atraviesan».
Mientras que, el mismo día y en otro comunicado, el secretario de Política Municipal de la ejecutiva nacional del PSPV, José María Ángel, aseguró que los socialistas valencianos están dispuestos a abordar la racionalización de la administración pública, «con todo rigor, no sólo por la medida económica derivada y por los reiterados incumplimientos de la Generalitat, sino para garantizar que los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades reciban servicios de máxima calidad con independencia del pueblo o la ciudad en la que vivan».
