El temor a perder un día más de salario, el retraso en el establecimiento de los servicios mínimos o incluso la desunión sindical son algunas de las excusas que ayer sonaron en boca de los dirigentes sindicales de Castellón para justificar la escasa incidencia de una huelga general del sector público que, pese a todo, se esforzaron en calificar de «éxito». Lo cierto, sin embargo, es que los servicios públicos funcionaron ayer con excesiva normalidad para las previsiones de seguimiento masivo que manejaban los sindicatos. La manifestación convocada por el centro de Castellón, para la que las centrales llamaron a la participación de toda la ciudadanía, tampoco resultó todo lo multitudanaria que se había esperado: 7.000 personas según la organización; apenas 2.400 en el balance de la Policía Local.
El baile de cifras es también notable en cuanto a los datos facilitados tanto por sindicatos como por administraciones para el seguimiento del paro en el sector. Según las primeras cifras oficiales, el porcentaje de empleados públicos que secundó la huelga oscila entre el casi simbólico 2,9% de trabajadores del Ayuntamiento de Castellón al 7,5% de funcionarios dependientes de la Administración central. En el caso de la Generalitat, según las cifras facilitadas por la Conselleria de Adminsitraciones Públicas, en Castellón apenas 501 empleados de los 10.945 con derecho a la huelga no acudieron a sus respectivos puestos de trabajo. La cifra supone un porcentaje de seguimiento de apenas el 4,58% y refleja, además, un apoyo sensiblemente menor al paro por parte de los trabajadores de la función pública en Castellón con respecto a las otras dos provincias de la Comunitat Valenciana. De los empleados públicos dependientes del Estado, tan sólo 98 de los 1.309 que trabajan en la provincia secundaron la huelga, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Castellón.
Pese a los datos oficiales, el seguimiento estimado por los sindicatos convocantes ofrece una visión bien distinta de lo que supuso el paro para la provincia. CSI·F, CC.OO. y UGT se esforzaron en trasmitir una valoración positiva de la huelga y cifraron en un 72% el porcentaje de empleados públicos que secundó la movilización, aunque con desigual incidencia según los sectores: 50% en educación; 86% en los ayuntamientos; 87% en Justicia; 73% en Sanidad o un 60% en la Administración del Estado.
Y si el seguimiento no ha sido mayor, insistieron, se debe a los servicios mínimos «abusivos» impuestos con retraso, que hicieron que muchos funcionarios «no supieran si debían acudir o no trabajar». Eso y el «sacrificio económico» de perder una jornada de salario por un decisión que, en cualquier caso, ya está tomada.
En esta misma línea, el comunicado conjunto de valoración del paro en la función pública aseguraba que «será difícil medir el éxito del paro debido a los servicios mínimos impuestos». Por esta razón, añadieron, los ciudadanos «han podido percibir una sensación de normalidad». Los lemas y las consignas contra el recorte salarial aprobado por el Gobierno se repitieron durante toda la jornada en las distintas concentraciones y manifestaciones convocadas en centros de trabajo y frente a sedes administrativas en toda la provincia.
