La huelga de funcionarios, con la que los sindicatos mayoritarios trataron de paralizar la Administración pública en la jornada de ayer para protestar por la rebaja de su nómina un 5% decretada por el Gobierno, resultó un fracaso. La Comunitat no se paralizó, al igual que tampoco se paró la Administración en ninguna autonomía española.Tampoco la provincia de Alcante.
Quien necesitó ir al médico, fue atendido; quien acudió al Registro Civil para realizar un trámite, lo hizo sin problemas; quien decidió gestionar el pago de una multa o de un impuesto municipal no tuvo impedimento alguno. Y el comportamiento cívico de los operarios públicos, mostrado durante toda la mañana, con ausencia de piquetes en los centros de trabajo, facilitó esa normalidad.
El miedo al fracaso en la huelga de funcionarios convocada por CC OO, UGT y Csif se confirmó. Aunque las centrales sindicales mantuvieron unas cifras de seguimiento por encima del 70% , las oficiales del Gobierno central, del autonómico, dela Subdelegación, de la Diputación y de los ayuntamientos dejan en evidencia a las centrales y desactivan su anuncio de un posible paro general.
La normalidad fue casi absoluta en las instalaciones sanitarias, de educación primaria, secundaria, y los incidentes se pueden contar con los dedos.
El ensayo para una huelga general no pudo ser más desalentador. De puertas hacia afuera, el responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Alicante, Eduardo Pin, mantuvo su tono triunfalista del día anterior. Elevó la adhesión al paro al 72% de los 65.000 funcionarios alicantinos de la Administración central, autonómica y local. Asegura que fueron 46.800 los empleados públicos que pararon para protestar contra el plan de ajuste del Gobierno central.
Sin embargo, las cifras oficiales hablan por sí mismas y son aplastantes, pese a la irremediable guerra de porcentajes en estos casos. En el caso de la Administración General del Estado, la Subdelegación asegura que, de los 2.797 empleados de la provincial, sólo 303 se sumaron al paro, apenas del 10,8%. En algunos centros de trabajo como Tesorería de la Seguridad Social o Instituto Nacional de la Seguridad Social la participación no fue ni de la mitad, según supo este diario.
En el caso de la Administración autonómica, donde está el grueso de los 60.000 empleados públicos de la provincia, adscritos a los servicios territoriales de las consellerias, al sistema educativo, sanitario y de bienestar social, la participación también fue exigua. Entre un 3% en la Sanidad, un 4% en las Consellerias y un 14% en la Justicia, según manifestó la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. Esto en la Comunidad Valenciana.
Menos aún en Alicante: en el sector de justicia rondan el 7,7%; seguidos por los docentes, con un 7,6%; funcionarios del Consejo, con un 6,4%; y sanitarios, con un 2,6%. Uno de los factores esenciales para que en una huelga haya sensación de caos es que no funcionen los transportes públicos. Y ahí no alcanzó el cese de las actividades. Autobuses, metros y trenes efectuaron los recorridos habituales.
El alcance del paro, al que estaban convocados los 228.000 funcionarios que hay en la Comunitat, quedó muy lejos del 72% en que lo cifraron CC OO, UGT y CSI.F, entre otros. Sobre el mediodía los diferentes líderes y portavoces sindicales empezaban a facilitar los mismos datos. Los Ejecutivos contestaron: la Generalitat rebajó la incidencia a un 5,26% y el Gobierno al 11,7%. En el global de España, los sindicatos establecieron un seguimiento de un 70% y el Ejecutivo central lo dejó en un 12%.
En la Administración de Justicia y en los ayuntamientos fue donde, a criterio de los organizadores del paro, hubo mayor seguimiento: 87 y 86%, respectivamente.
Los porcentajes descendían en la incidencia en el sector de la Sanidad, en la Administración central y en la autonómica y, especialmente, en Educación. Los tres sindicatos convocantes estimaron que el seguimiento del paro por parte de los funcionarios de la Generalitat y las diferentes consellerias ascendió a un 77%, mientras que los operarios de la Administración central, como la Delegación del Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Júcar o Hacienda fue de un 60%, la más baja de las incidencias.
En cuanto a Sanidad, un 73% de médicos, técnicos sanitarios y enfermeros, así como celadores y personal administrativo siguieron la huelga. No obstante los sindicalistas se quejaban de que el ceso de la actividad no se notó por la imposición de elevados servicios mínimos.
Entre un 50 y un 65 % de los profesores y personal administrativo de los colegios públicos valencianos se ausentaron del trabajo, argumentaron los sindicatos.
En Alicante, los representantes sindicales se concentraron frente a la subdelegación del Gobierno en Alicante, en la que participaron tres centenares de funcionarios, y alrededor de 150 personas Arturo León, de CC OO, aseguró que se habían sumado a la huelga 123.000 empleados públicos, «lo que pone de manifiesto el rechazo a las medidas del Gobierno, que no son las que necesita este país».
Los sindicatos pidieron al delegado del Gobierno, Ricardo Peralta que el Ejecutivo rectifique su política y la reoriente en el sentido de «generar ingresos incentivando la inversión productiva reactivando la economía y resolviendo el problema del paro y no con recortes de derechos sociales».
Los sindicatos, al menos de puertas para afuera, se mostraban satisfechos del seguimiento del paro, que incluso alguno lo comparaba con un ensayo de huelga general.
Vicent Mauri, portavoz de Intersindical Valenciana, sindicato que se unió a la movilización contra el recorte de salarios a los funcionarios que impulsa el Gobierno calificó la respuesta de los funcionarios como «un toque de atención al Gobierno».
Pero después de que los sindicatos ofreciesen los datos sobre el seguimiento de la huelga, la Generalitat rebajó el alcance de la protesta a un 5,26% y la Delegación del Gobierno la estableció en un 11,7% en los departamentos de su competencia.
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, además de invitar a los sindicatos a realizar una «reflexión profunda» sobre la escasa incidencia de la huelga, no dudó en recordar que el causante de esta situación «es Rodríguez Zapatero», el presidente del Gobierno.
El personal docente no universitario se situó en un 4,58% de seguimiento del paro, indicó la consellera, mientras que en el sector sanitario «sólo la ha seguido en un 3,55%». Donde tuvo más incidencia fue en el de la administración de justicia, con un 18,54%, aclaró. Ricardo Peralta, delegado del Gobierno, destacó la normalidad en la jornada de protesta y rebajó hasta un 11,7% la incidencia, pues de los 12.796 empleados de la Administración Central en la Comunitat secundaron el paro 1.491.
