CC OO, UGT y CSI-CSIF han llamado a 2,6 millones de empleados públicos a secundar este martes una huelga de 24 horas en el área pública y en todas las administraciones contra la reducción de sus retribuciones, impuesta por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vía plan de ajuste para la disminución del déficit público que en 2010 equivaldrá al 9,3% de la producción. El cierre central de la protesta, que se desarrollará bajo el lema de 'no a los recortes salariales ni sociales' será una manifestación a las 18 horas 30 minutos por el centro de Madrid. A la marcha asistirán los líderes de los tres sindicatos convocantes.
A diferencia de otras ocasiones, CC OO y UGT se mostraron sumamente prudentes y pasaron de comentar las perspectivas de la jornada o las posibilidades de éxito. Se limitaron a difundir los actos reivindicativos que acompañarán al paro en cada una de las provincias, a la vez que anunciaron que una primera evaluación sobre el seguimiento de la huelga, en términos generales, tendrá lugar a las 11 horas 30 minutos en una concentración prevista en Madrid, ante la sede del Ministerio de Hacienda.
La postura de las dos centrales sorprendió a algunas organizaciones internas de ambos sindicatos, que ven en el paro de los empleados públicos un termómetro de la todavía hipotética huelga general contra una posible reforma del mercado de trabajo impuesta, con más recortes para los derechos de los trabajadores. Consideran que la huelga de este martes merece la máxima atención de las centrales para garantizar su éxito y demostrar al Gobierno el malestar de la ciudadanía por «todo lo que está pasando».
El propio secretario general de la Función Pública de UGT, Julio Lacuerda, reconoció cierto desconcierto sobre a quiénes afecta el paro. Culpó de la situación a las comunidades autónomas que no han sabido comunicarse con los trabajadores. No obstante, la central socialista reflejó en una previsión informativa que la protesta se extienden, además de a las tres administraciones, al área de sanidad, justicia, enseñanza, empresas públicas, etc., e informó que sólo en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Ceuta «se ha llegado a un total acuerdo en cuanto a los servicios mínimos».
Un portavoz de CSI-CSIF resaltó la importancia de la huelga. Criticó las prestaciones esenciales impuestas, a la vez que lanzó un llamamiento para que la protesta se centre en «la agresión» que han padecido los empleados públicos «algo desconocido en democracia».
La reducción salarial se iniciará en la nómina correspondiente a junio. En el caso de los funcionarios el 5% anunciado será directamente proporcional a las retribuciones de cada trabajador, mientras que en otros colectivos, como el de personal laboral, la rebaja será porcentualmente igual para todos. Del recorte se salvará la paga extraordinaria de verano, pero no la de Navidad.
