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228.000 Funcionarios llamados a la huelga

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228.000 Funcionarios llamados a la huelga

Los recortes del cinco por ciento sobre el salario base y los complementos de los empleados públicos, un 9% de la población activa de la Comunitat, les puede poner en pie de guerra el próximo martes

06.06.10 - 00:25 -
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Albert Einstein fue el genio que advirtió aquello de que si un día mueren todas las abejas del mundo, cuatro años después desaparecerá la especie humana. Los funcionarios también parecen inútiles para algunos, pero si se les borrara de la faz de la tierra, probablemente, forzando la hipérbole, el mundo se detuviera.
El empleado público no está bien visto. Se lo ha ganado o le ha caído encima, pero el sambenito que arrastra todo aquel que mama del erario público es el de un tipo perezoso, indolente, acomodado, algo así como un parásito útil. O relativamente útil, según los más críticos. Pero dentro del amplísimo cerco que cobija al funcionariado hay de todo. Como en todas partes. «Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas», acuñó el propio Einstein.
El presidente del Gobierno, tal vez excusado por la depauperada imagen del funcionario, ha encontrado en este amplio colectivo un filón para aliviar la crisis, una diana donde lanzar su flecha. La saeta escuece en el costado de decenas de miles de funcionarios, que padecen una pésima digestión desde que se anunció el recorte, en un cinco por ciento, de sus sueldos.
El escozor es tal que ya se han movilizado los sindicatos, que anuncian una huelga para el próximo martes. La respuesta es una incógnita. Tal vez sea una oportunidad ideal para calibrar la movilidad de un sector tildado de adocenado. El grupo de funcionarios tiene un enorme peso en la población activa de España. En todo el Estado hay 2.600.000 empleados públicos, mientras que, en el ámbito autonómico, la cifra de funcionarios en la Comunitat Valenciana asciende a 228.000.
Nueve de cada cien trabajadores (un nueve por ciento exactamente) de la Comunitat son funcionarios. Y 45 de cada 1.000 valencianos también se alimentan de dinero público. O sea, que tienen su peso específico tanto en el mercado laboral como en la sociedad. De ahí que si todos gritan a la vez, seguro que alguien, Zapatero o quien corresponda, les oye. Pero no parece sencillo que este sector esté dispuesto a salir a la calle para alzar la voz. Sólo hay que esperar al martes para conocer su grado de rebeldía.
Entre los afectados también hay quien ha encajado el golpe con deportividad. Sebas Marín ya advierte que él no se considera un caso muy representativo, pero no deja de ser un caso. «Muchos de mis compañeros piensan de forma diferente, pero a mí no me parece desacertado el recorte salarial. A mí me parece que el planteamiento debería ser otro: ¿A qué tren nos queremos subir? ¿Al de Alemania o al de Grecia? Así que yo no sólo recortaría el 5 sino el 33 por ciento, pero, claro, reduciendo también un 33 por ciento las horas de trabajo».
Marín, padre de familia, con dos hijas, se considera, a sus 41 años, un «privilegiado» gracias a su puesto, Grupo C, como especialista en autoedición electrónica dentro del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). Aunque advierte que quizá el verdadero problema germinó con el dispendio del pasado. «Yo no me enriquecí en los años de bonanza, pero ahora tampoco ando jodido; he seguido con el mismo nivel de vida. Otros tiraron la casa por la ventana en el pasado; yo no. Pero ahora aquellos lo están pasando mal y yo vivo sin agobios».
La felicidad desaparece por completo en cuanto cambia el interlocutor. Sebas Marín cuelga y ahora suena el teléfono de Mauro Varea, delegado del CSIF en las negociaciones con las administraciones. Su retrato del funcionario no es tan idílico. A él, el plan de ajuste le parece una aberración. El CSIF considera que ésta es la primera bajada explícita, pero que al funcionariado hace años que le están apretando el cinturón. Que la constricción alcance también los complementos les irrita especialmente. «Si un funcionario gana unos 2.000 euros, por decir una cifra, casi la mitad es gracias a los complementos», puntualiza.
Pero Varea lamenta fundamentalmente que los funcionarios ya hacía tiempo que ayudaban a aligerar el gasto público. «En realidad, nosotros hemos perdido poder adquisitivo desde hace 25 años. Nuestra subida anual del 2 por ciento hace años que es inferior a la del IPC. Existe un cálculo que indica que hemos perdido un 42% en los últimos lustros», explica. Y desliza otro ejemplo significativo: «Si un funcionario gana mil euros y se le queda en 950, en 2011 la subida se producirá sobre 950, por lo que pérdida arrastrada es aún mayor».
El CSIF alude a tres categorías salariales, remuneradas, sin contar los complementos -que, como ya ha explicado, en muchos casos es la mitad de la nómina-, con 1.800 euros o más en el caso de los técnicos; entre 1.200 y 1.800 para los auxiliares, y sueldos de 'mileurista' para los subalternos, los que más acusan cada euro que se queda en el camino. Valera, además, recuerda que la subida del IVA que entrará en vigor el 1 de julio acentúa la sensación de ahogo.
Mil millones de ahorro
La reducción media del cinco por ciento, que se aplica tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las complementarias, permitirá ahorrar, según las cuentas del Estado, unos 535 millones de euros este año y 1.035 millones en 2011.
La polémica medida de ajuste afecta a los 228.000 funcionarios que hay entre los algo más de dos millones y medio de trabajadores en la Comunitat Valenciana: 1.295.000 en Valencia, 939.000 en Alicante y 296.000 en Castellón, según el Instituto Nacional de Estadística. Cada funcionario bebe de uno de los tres caños por los que mana el dinero público: 120.000 dependientes del Consell, 68.000 de los ayuntamientos, y 40.000 de la Administración General del Estado. A su vez, este colectivo se reparte entre diferentes gremios. Los más gruesos son el de Sanidad, con 54.000 empleados públicos, el de Educación, con 40.000, y las administraciones públicas, con 17.000.
La Unión Sindical Obrera atisba más enemigos que Zapatero o el Gobierno. José Ramón Carpi, responsable provincial de la federación, cree que el actual presidente no es el único que les está mermando. «El primer recorte salarial lo hizo Aznar, que nos congeló los sueldos. Y ahora llega Zapatero, que se ha burlado de su propio programa electoral, en el que no contemplaba nada de esto». Carpi cuantifica la pérdida durante 10 años en 20.000 euros.
El representante de la USO habla también de competencia desleal, de compañeros vendidos al poder, de sindicalistas que no ejercen de sindicalistas, habla, en definitiva, de una ausencia de ética que deja a los trabajadores desnudos ante los que mandan. «En cualquier otra situación estaríamos en huelga indefinida y habría que cerrar las administraciones, pero tanto CC.OO, como UGT y el CSIF se han vendido. El Gobierno ha alimentado a dos o tres sindicatos grandes a los que tienen comprados. Por eso, esta gente no se mueve».
Medidas tardías
Carpi no ve clara ni limpia la relación entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios. «A Aznar, por una quinta parte de lo que han hecho éstos, ya le hubieran montado una huelga general de cuidado. Pero ahora parece ser que no hay motivos para hacerlo, y eso es muy sospechoso. No es normal que la Administración General del Estado establezca unos fondos de pensiones para los funcionarios que, incomprensiblemente, son obligatorios, y que están subvencionados en un 70 por ciento por el BBVA, un 15 por ciento por CC.OO y el otro 15 por ciento por UGT. ¿Cómo es posible que esto sea así?», expone Carpi.
Rafel Molina es médico de cabecera y trabaja en el Centro de Especialidades de Burjassot. A su juicio, el Gobierno ha tardado en reaccionar. «A nadie le gusta que le bajen el sueldo, pero estas medidas se deberían haber tomado hace tiempo. Si en enero no nos hubieran subido el dos por ciento, ahora no haría falta aplicar este recorte del cinco por ciento». El viernes por la mañana topó con el agravio en el mismo ambulatorio. «Un paciente me ha contado que tiene dos hijas. Una trabaja en RTVV y la otra, en el hospital Moliner. Y resulta que a la primera no le bajan el sueldo y la segunda sí. Dicen las malas lenguas que es para que no hablen mal de ellos. Pero lo que no está claro es que a unos les afecte y a otros no», comenta el doctor Molina.
Los funcionarios serán algunos de los sacrificados con el plan de ajuste. Quizá eso sirva para mejorar su fama. Aunque, como dijo Einstein, «es más fácil desintegrar un átomo que superar un prejuicio».
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