Los juzgados de Orihuela tienen el triple de causas civiles que la media nacional, lo que provoca un colapso en el sistema de impartición de Justicia del partido judicial de la capital de la comarca de la Vega baja.
La cifra la ofreció ayer la vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, quien junto con el vicepresidente del organismo Fernando de Rosa, mantuvieron ayer una reunión de trabajo con representantes de la judicatura local, fiscales, abogados, secretarios judiciales y funcionarios, para conocer las dificultades en las que éstos desempeñan el trabajo.
El resultado fue más que pesimista y tras la reunión Bravo indicó que el Consejo General urgirá tanto al Ministerio de Justicia como a la Generalitat para que aborden antes de final de año un plan de choque que ponga fin al mayor número de deficiencias de las instalaciones del Palacio de Justicia oriolano.
Tanto Bravo como de Rosa se llevaron una visión de primera mano de las condiciones en las que se mueven los once juzgados que se habilitan en el partido oriolano y sus problemas cotidianos. La portavoz del órgano de los jueces indicó que desde éste se es consciente de la precariedad de lo que definió como «un punto negro de la Administración de Justicia de la Comunidad y española».
Según los datos aportados por la vocal, los de Orihuela acumulan hasta el triple de causas civiles pendientes más que la media nacional, circunstancia que calificó de «inadmisible y un verdadero colapso», de ahí que remitirán más pronto que tarde todo «un informe con las anomalías» que han recabado en su visita.
Bravo explicó que esa actuación debe tener carácter «urgente» y sobre todo definió que es poco menos que imposible que los tres juzgados de instrucción puedan sacar todas las causas pendientes que acumulan, incluso con asuntos pendientes, indicó Bravo, que se remontan al 2002.
Una de las cuestiones que destacaron los representantes del CGPJ es que la situación que les presentaron los que de cerca conocen y padecen el día a día de los juzgados oriolanos es que es muy complejo organizar los turnos de guardia y que incluso pese a que se acordó un refuerzo de un juzgado de Lo Penal «es insuficiente», dijo la portavoz.
A estas cuestiones de falta de juzgados sumó Bravo la de la carencia de funcionarios interinos o que cuando llegan lo hacen faltos de formación, «lo que hace que haya que comenzar el aprendizaje de los mismos, lo que retrasa el funcionamiento interno». De la misma forma destacó que las dependencias, inauguradas en el 2005 no dan más de sí, y hay estancias que no reúnen las condiciones para pasar una inspección.
Por su parte, Fernando de Rosa explicó el «firme compromiso de agilizar ese informe del Consejo» y espera que la entrada en funcionamiento de una oficina judicial y un servicio común para todas las dependencias puedan paliar en parte las muchas carencias que se arrastran en el partido judicial.
