«Desánimo» y «desmotivación» entre los magistrados valencianos. Salió el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, de la reunión con sus otros cien compañeros y su cara no reflejaba nada bueno. El horizonte se presenta negro.
Las aguas bajan revueltas. Nadie se libra de la crisis. Y la Administración de Justicia, al parecer, siempre ha sido el último de los hermanos a la hora de repartir inversiones. «Son tiempos muy graves para todos, pero nosotros llevamos años reclamando medidas y no se ha hecho ni caso», lamenta. Lo de la modernización e inversión «se va diluyendo». Más promesas incumplidas al pozo del descontento. Y a eso se le suma ahora el recorte de los sueldos, el tijeretazo de Zapatero. El cálculo aproximado del pellizco a las nóminas será de un 10% del fijo y alrededor de un 6% en variables. Dos motivos, que unidos a la enorme carga de trabajo, han hecho saltar la espoleta de las reivindicaciones.
Los jueces adoptaron ayer varias medidas de presión y amenazaron con otra a medio plazo: una huelga, como las dos que se realizaron en 2009. Una forma de protesta que cuenta con detractores dentro de las propias filas de los jueces. No son pocos quienes la desaprueban. No obstante, serán las asociaciones las que tengan que convocarlas.
Por el momento, los magistrados acordaron trabajar lo mínimo. El Consejo General del Poder Judicial establece unos módulos (número recomendable de asuntos que debe llevar cada juzgado).
Esta es la estadística que se utiliza para demostrar el colapso judicial. La mayoría de los órganos judiciales operan en un porcentaje muy superior, dependiendo de las jurisdicciones. Pero no es extraño encontrar jueces que soportan cargas del 150% o 160%. La medida supondrá que sólo saquen el trabajo acordado, lo justo. Lo sobrante, el exceso de carga de trabajo, tendrá que esperar. Esto afectará a los señalamientos, con lo que se producirá un retraso en el sistema.
La conclusión es la siguiente: «No suplir con nuestro esfuerzo las carencias del decadente sistema en el que realizamos nuestra labor como venimos haciendo con el riesgo que esto supone». El riesgo está relacionado con la posibilidad de cometer un error en una sentencia por trabajar al límite de tiempo y número de asuntos. «Cualquier ciudadano quiere que un juez dedique el máximo tiempo posible a su caso», explicó Viguer.
Eso por un lado. Y por otro, en el tema económico, los magistrados proponen batalla. Si el recorte sirviera para mejorar la Justicia, pues se vería con una «actitud» diferente. Pero saben que nada cambiará. «Obviamente no va a ser así. Seguiremos instalados en el ostracismo».
El acuerdo de la junta de jueces plantea buscar una forma de combatir, mediante las vías legales oportunas, las medidas acordadas por el Ejecutivo, interponiendo recursos en la vía contencioso-administrativa, e incluso sugiriendo el planteamiento de recursos o cuestiones de inconstitucionalidad.
Además, proponen que se revise el régimen de incompatibilidades para poder en caso de que lo necesitaran realizar otras tareas remuneradas. «Nosotros, de lo único que podemos vivir es de la actividad jurisdiccional, y poco más».
No faltó un mensaje a la unidad de las diferentes asociaciones de jueces -muy distantes en algunos planteamientos- para que hagan causa común de las demandas.
