Los dos menores que el pasado miércoles acuchillaron a una joven en un instituto de Valencia irán a un centro de internamiento donde pasarán los próximos seis meses. Así lo decidió ayer el titular del juzgado de Menores número 2 de Valencia a petición del representante del Ministerio Fiscal.
Los jóvenes pasaron ayer a disposición de la Fiscalía de Menores, aunque los hechos tuvieron lugar durante la mañana del miércoles, alrededor de las doce del mediodía, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS.
No hubo un incidente previo que propiciara la agresión. La propia víctima se mostró sorprendida por el ataque. «No tenía ningún problema con ellos», dijo. Es más, apenas los conocía porque era el primer año de esta alumna en el citado centro, cuyo nombre y localización se omite para proteger a los implicados.
El instituto reunió esa mañana a varios policías nacionales y una ambulancia, que atendió a la joven, de 12 años de edad y que cursa primero de ESO. Una imagen muy poco habitual para un centro educativo.
Los agentes no tardaron en localizar a los agresores, dos jóvenes ecuatorianos de 15 años de edad que estudian Segundo de ESO. Uno de ellos llevaba la navaja con la que habían agredido a la joven en el brazo. Alumnos del instituto comentaron la actitud agresiva y desafiante que mostraban los dos jóvenes y que los profesores conocían el problema. Algunos apuntaron que otros compañeros también estaban amenazados.
El director de las instalaciones no quiso dar importancia a los hechos. «No ha pasado nada. No ha sido nada. No hemos tenido que interrumpir las clases», indicó el mismo día del suceso. No obstante, la Conselleria de Educación informó ayer de que el incidente ha quedado reflejado en el Registro de Incidencias y se ha activado el protocolo de prevención de la violencia en las aulas.
Esta medida, conocida como el plan PREVI, se puso en marcha en 2006 ante el aumento de situaciones de este tipo. El objetivo es la tolerancia cero para la violencia en las instalaciones educativas. El protocolo recoge la intervención ante conductas problemáticas, así como el fomento de la convivencia entre el alumnado, los docentes y a las familias.
El protocolo establece que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estén coordinados directamente con los centros para informarles adecuadamente de lo que ocurre en las dependencias.
