No aguantaban más y han tomado una medida drástica. Un instituto de Castalla ha suspendido las clases para poner fin a las agresiones por parte de un alumno que, aunque está expulsado, hace oídos sordos y continúa acudiendo al centro acompañado por su madre con una actitud violenta y amenazando. De hecho, el pasado miércoles, un profesor fue agredido por el estudiante (de 17 años) cuando intentó impedir su entrada de «forma educada», según denunciaron los docentes.
«Legalmente no tenemos armas para resolver este conflicto», aseguró el director, Juan Antonio Olmedo, quien lamentó que tanto Educación como el Ayuntamiento le han comunicado que «legalmente no tiene competencia para sacarlo del centro».
Y es que, según explicaron, aunque se han emitido varias órdenes de expulsión temporal, en el Decreto 39/2008 de Convivencia Educativa al que deben acogerse no se contempla mecanismos que garanticen su cumplimiento.
Fue el pasado mes de diciembre cuando se procedió a la apertura de los procedimientos disciplinarios previstos por la Administración para estos casos, después de soportar durante el curso «una actitud reiterada de faltas de respeto, insultos, amenazas, coacciones y agresiones verbales y físicas a profesores y miembros del equipo directivo».
Al no cambiar la situación se acordó suspender de las clases hasta el lunes, medida que comenzó la tarde del jueves, y convocar ayer una manifestación en la que participaron más de 250 personas entre profesores, miembros de la asociación de padres y madres de alumnos y también estudiantes para mostrar su malestar. El único objetivo que buscan es «garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa». Al menor ayer no se le vio.
Desde la Conselleria de Educación aseguraron que el caso ya se ha remitido a la Fiscalía de Menores, que se ha activado el Plan Previ y ratificaron que el alumno está expulsado.
Por su parte, el alcalde de Castalla, recordó que el Ayuntamiento «no tiene competencia» para actuar en estos casos que, según apuntó, son aislados, por lo que criticó a la comunidad docente «por haber tomado esta decisión unilateral, privando al resto de alumnos a su derecho a la educación y más al final del curso, lo que me parece una irresponsabilidad». El primer edil explicó que los estudios que cursa el joven se llevan a cabo en un edificio que se encuentra alejado físicamente del instituto, concretamente a un kilómetro, por lo que considera que «se ha exagerado excesivamente el asunto; no es tan grave y la actitud adoptada por el centro me hace pensar que se trata más de una cuestión política».
