Con motivo de la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva de servicios, y refiriéndose a la Ley Ómnibus, Miquel Roca -reputado jurista y padre de nuestra Constitución- calificaba recientemente la actitud del gobierno respecto al tratamiento contemplado a los colegios profesionales de «frívola e innecesaria», considerando más necesario concentrar los esfuerzos en los graves problemas por los que atraviesa nuestra economía, el mercado laboral, y la credibilidad de nuestro país para atender la deuda internacional. A lo que añadía la más que dudosa constitucionalidad de la decisión de suprimir la colegiación obligatoria.
Sin duda, el tratamiento que el Ministerio de Economía está dando a la liberalización de los servicios profesionales -véase la anunciada supresión de los visados profesionales- debe calificarse de ligero y superficial. La filosofía y música de la directiva de servicios suena bien. ¿Quién se va a oponer a la simplificación de los trámites administrativos, a la reducción de plazos en las autorizaciones, a la eliminación de las duplicidades administrativas, a la arbitrariedad? Absolutamente nadie, y mucho menos los colegios profesionales.
Veamos un ejemplo sencillo: usted va a realizar una obra de cierta relevancia. Para ello, necesita en primer lugar localizar a un profesional competente para que le haga un proyecto con las mejores soluciones técnicas disponibles, que contemple sus necesidades y se ajuste a su presupuesto; necesita también la seguridad jurídica de que la instalación cumple la legislación que le corresponde; necesita garantías de seguridad mientras se ejecuta la misma, garantías económicas contra defectos funcionales y de uso; precisa además identificar un responsable ante posibles fallos y, por supuesto, le vendría muy bien tener un interlocutor en caso de discrepancias. Eso es ni más ni menos lo que ofrece el visado gestionado por los colegios profesionales, veinticuatro horas al día si lo necesita, y sin necesidad de desplazarse, ya que puede hacerse de forma telemática. ¿Y el coste de este servicio? Menos del 0,05% del presupuesto.
Seamos serios; ¿de qué nos está hablando el Ministerio de Economía? ¿De qué nos habla la Dirección General de Política Económica, cuando argumenta que va a aumentar el PIB un 1,5% y 200.000 empleos con la aplicación de la supresión de los visados? Que no cuenten entre ellos con los más de 5.000 empleos de los colegios que están en juego, y mucho menos con los miles de jóvenes recién titulados por la Universidad que comienzan a ejercer por cuenta propia con el ejercicio libre de la profesión. Muy al contrario, la supresión del visado acarrea la falta de cobertura de las pólizas colectivas de seguro de responsabilidad civil que suscriben los colegios, y el intento de disponer de estas pólizas a título individual por un joven recién titulado va a ser prohibitivo por su elevado coste. Esto sí que va a constituir una barrera a la incorporación al mercado laboral de los jóvenes titulados que, dicho sea de paso, es el colectivo que más está sufriendo en este momento. Enhorabuena señora ministra, va camino de romper las estadísticas del paro.
Me sigo preguntando en qué se basa el ministerio para tomar su decisión, aunque nos despachan ahora con un argumentario del proceso de decisión a toro pasado. Y si el ejercicio de las profesiones técnicas no son de su competencia, ¿A quién escucha? A los colegios profesionales, corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro -algo que otros no pueden alegar-, desde luego que no. En todo este proceso parece que se nos ha escuchado, pero en absoluto considerado, matiz fundamental siendo parte interesada y cuando del interés general y de la seguridad de las personas se trata.
Hasta dónde llegará la falta de consideración para que un colectivo de profesionales sumiso y normalmente callado, como son los ingenieros y arquitectos de toda España, decida manifestarse unánimemente el próximo día 7 de mayo en Madrid. Hasta dónde alcanza la obcecación de unos pocos, cuyas decisiones pueden acarrear graves problemas de seguridad a los millones de personas y usuarios que utilizamos a diario las instalaciones, obras o edificios proyectados por los ingenieros y visados por los colegios.
Vistas las actuales circunstancias, no queda más que pensar que no es frivolidad de lo que estamos hablando, porque cuando la seguridad de las personas está en juego, el control previo del ejercicio profesional que ejercen los colegios con el visado es más garantista para el interés general y las personas que el realizado a posteriori, como pretende instaurar el Ministerio.
Muy a mi pesar, me inclino a pensar que -más que frívolo- es un comportamiento talibán, ya que destruye un sistema que está funcionado bien desde hace más de cincuenta años y ningunea los argumentos que estamos ofreciendo los representantes de más de 500.000 profesionales de las ramas de la ingeniería y arquitectura y 300.000 estudiantes de toda España. Y lo que es todavía peor: sin ofrecer alternativas.
